Alberto Dzib, corresponsal
- Estado de México.- Es la cuarta entidad en legislar en la materia y tendrá elección popular de jueces y magistrados el 1 de junio de 2025
El Congreso del Estado de México aprobó, con 54 votos a favor y 20 en contra, la reforma judicial estatal que permitirá la elección popular de jueces y magistrados a partir del 1 de junio de 2025.
Con esta decisión, el Estado de México se convierte en la cuarta entidad del país en armonizar su Constitución local con la Constitución Federal en esta materia, después de Tamaulipas, Michoacán y Durango.
La reforma fue respaldada por las bancadas de Morena, PVEM y PT, mientras que PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra, con el argumento de que la elección no resolverá los problemas del sistema judicial y que podría derivar en altos costos y riesgos de politización.
Entre las principales disposiciones aprobadas, se establece que las elecciones de 2025 estarán dirigidas a ocupar los cargos vacantes por jubilaciones, renuncias o retiros, es decir, a la mitad de los jueces y magistrados actuales, mientras que el resto se someterá a votación en 2027.
En cuanto a la duración de los cargos, el dictamen señala que jueces y magistrados electos ocuparán sus puestos por nueve años, con la excepción de quienes sean seleccionados en 2025, quienes tendrán un periodo de ocho años para armonizar con los procesos judiciales federales.
Además, ningún funcionario judicial podrá percibir un salario superior al de la presidenta de la República, y se eliminan fideicomisos y fondos a cargo del Poder Judicial.
La reforma también crea dos nuevos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial, que investigará y sancionará conductas irregulares de jueces y magistrados, y el Órgano de Administración Judicial, encargado de la gestión administrativa y la carrera judicial. Estos organismos sustituirán al actual Consejo de la Judicatura estatal.
Durante la discusión, se presentaron 12 reservas, de las cuales seis fueron rechazadas y el resto aprobadas.
Entre estas últimas destacan propuestas del PRI para renovar solo los cargos vacantes en 2025 y mantener el Consejo de la Judicatura en funciones hasta la entrada en vigor de los nuevos órganos.
También se avalaron iniciativas del PAN para garantizar el acceso al haber de retiro de los magistrados y jueces que renuncien antes de la convocatoria de las elecciones judiciales.
La oposición argumentó que la elección popular no garantiza la solución de los problemas de justicia y criticó el costo que implicará este nuevo modelo.
En contraste, Morena y sus aliados defendieron la medida como un paso hacia la democratización del Poder Judicial y la mejora de los procesos de impartición de justicia en la entidad.
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