México.- La reforma electoral que impulsa el gobierno federal que incluye la elección mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales tendría un costo superior a los 8 mil millones de pesos lo que contrasta con el principio de austeridad.
De acuerdo al estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) titulado “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, la iniciativa del Ejecutivo ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia, una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política.
Sin embargo, advierte que la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales también implica costos y riesgos que no deben perderse de vista en el proceso de deliberación legislativa.
Y es que de acuerdo con el análisis del IBD, en un contexto de hegemonía partidista como el que se ha configurado en nuestro país luego de la tercera alternancia del año 2018, la posibilidad de que los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno es muy alta, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo Federal.
De acuerdo la investigación, uno de los mayores logros de la transición democrática en México fue que la función electoral dejara de ser una tarea del gobierno para convertirse en una auténtica labor del Estado, lo cual pudo ser posible gracias a la autonomía, ciudadanización y profesionalización de las autoridades electorales.
JJ
