México.- Senadores de oposición, se pronunciaron a favor de aclarar, los alcances del acuerdo de colaboración dado a conocer por el gobierno de Zacatecas en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, sus alcances y fundamento legal.
Luego de la confusión que ha generado este entendimiento, al parecer solo de palabra entre, el embajador Ken Salazar y el mandatario morenista, David Monreal Ávila, en el senado se solicitó dilucidar sus alcances y las bases jurídicas que lo sustentan.
La senadora por Zacatecas, Claudia Anaya del PRI, recordó que el marco constitucional, no faculta a los estados de la federación a firmar acuerdos o convenios internacionales, que necesariamente tienen que ser suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados en su caso por el Senado de la República.
Acotó que “Siempre y cuando este suscrito en el marco de convenios previos avalados por el senado, no tiene ningún problema, es decir si el senado ha firmado convenios de capacitación con otros países del mundo, y una entidad de la república quiere llevar a cabo una capacitación, en ese tipo de cuestiones no hay mayor problema”.
Sin embargo, dijo que en este caso se encienden los focos de alerta, por los alcances operativos de agentes de la DEA y del FBI, en territorio Zacatecano y por tanto nacional.
“El problema es cuando cualquier entidad federativa, quiere excederse de los límites constitucionales o convencionales, y el problema que tenemos en este caso en particular, es que no hay un texto escrito que clarifique los límites y parámetros de actuación, que pretende hacer Estados Unidos en Zacatecas. Causa extrañeza y es donde se prenden las luces de alarma de que en el comunicado que externaron el embajador ken Salazar y el gobernador David Monreal, hablaran de temas no solo de capacitación, sino de temas de operatividad de funcionarios del FBI y de la DEA y eso sí ya requiere de la intervención del gobierno federal según nuestra propia legislación, y por lo que externa el presidente de la República no hay conocimiento del gobierno federal, el tipo de convenio que se hizo en el estado”.
Insistió que “Esto es lo que causa no solo extrañeza, sino también mucha preocupación, ojalá que a la brevedad se pueda tener un convenio escrito, o por lo menos las especificaciones por escrito, a lo que se comprometieron tanto el embajador, como el gobernador, para que pueda ser analizado por el Senado para ver si es legal en nuestra constitución y en las convenciones que hemos aprobado desde el Senado de la Republica”.
En tanto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, también se pronunció por aclarar en que consistió el supuesto acuerdo, aunque consideró que si es para beneficio de la población y para mejorar la seguridad podría resultar positivo.
“A ver, todos los convenios, digamos, estatales, nacionales con Estados Unidos o con cualquier otro país deben de estar apegados a la legalidad. Eso para nosotros es absolutamente indispensable”.
Acotó que “Si este convenio está apegado a la legalidad, pues, por supuesto que se ayuda al estado a tener un mejor presente y, sobre todo, un mejor futuro, claramente lo estaremos acompañando”.
Y cuestionó: ¿por qué el Presidente de la República critica este convenio y no critica lo que está pasando en su estado natal? Porque lo que sabemos y eso sí lo tenemos claro y cierto, porque eso dicen los propios documentos de la SEDENA, ¿por qué sobra la corrupción en Tabasco el Presidente de la República no dice nada? Finalizó la panista.
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