Ciudad de México.- Un juez mexicano concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), para protegerlo de su procesamiento por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, según revelaron este jueves documentos judiciales. El juez admitió a trámite el amparo que interpuso Murillo Karam tras su vinculación a proceso el 24 de agosto pasado por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era el encargado del caso como titular de la PGR en 2014.
“Se admite la demanda de amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las 11.00 horas del 11 de octubre”, establece la resolución del expediente 771/2022 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. De concederse el amparo definitivo, Murillo Karam podría suspender su procesamiento judicial por el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero.
El juez reconoció además “la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso”. En la prensa nacional ha trascendido que los abogados de Murillo Karam, quien fue funcionario durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), también buscan un amparo para suspender la prisión preventiva a la que está sometido desde el 24 de agosto pasado.
El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el crimen de Ayotzinapa a días del octavo aniversario de la desaparición masiva. El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
La Comisión de la Verdad y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa “verdad histórica” al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.
JJ
