México.- Contrario a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de la 4T en el Congreso de la Unión se pronunció por fincar responsabilidades penales al expresidente Enrique Peña Nieto, al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y si es el caso al almirante y actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por el caso Ayotzinapa.
Antes de que se clausuran de forma anticipada los trabajos de la comisión permanente, se dio un acalorado debate en el que la oposición acusó al gobierno de lucrar políticamente con este caso, de darle ‘carpetazo’ y expiar en Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, sus culpas por la colusión que había entre el gobierno de Iguala y el crimen organizado, que fueron los que desaparecieron a los 43 normalistas. En tribuna, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, criticó el informe que presentó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Afirmó que la presentación del mismo fue una buena demostración de por qué una Comisión de la Verdad no debe ser gubernamental, porque lo que se vio fue a un servidor público del gobierno que, presentó la versión del gobierno.
“Y lo que vimos en esencia es el montaje de una construcción de una nueva verdad oficial. (…) Tendría que conocerse de los demás niveles de responsabilidad. Por ejemplo, quien es hoy secretario almirante era jefe de la Zona Naval en Acapulco, sabemos que Tomás Zerón actuó con marinos, por ejemplo, para ‘sembrar’ evidencias o al menos así se ha presumido. ¿Cómo así que Ojeda no supo? ¿Cómo así que el hoy secretario de la Marina no estuvo enterado?, perdón, no es verosímil ni creíble. ¿Cómo así que el general Cienfuegos no se enteró?, cuando sabemos ya desde el 2019 por trabajo periodístico, ¿había un militar infiltrado? ¿Cómo así que Cienfuegos no se enteró? No es verosímil, si hay un crimen de Estado por supuesto que se tiene que llegar a la responsabilidad que refiere a la participación de las Fuerzas Armadas, con la evidencia cierta que hoy el secretario de Marina estuvo enterado”.
El petista, Gerardo Fernández Noroña, enfundado como diputado de Morena de inmediato respondió que al expresidente Peña Nieto; al exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos e incluyó también al actual secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, deben fincárseles cargos penales por la desaparición de los normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Yo al igual que usted considero que se debe llegar hasta las más altas responsabilidades. Me parece infame que se haya dejado morir a un soldado, infiltrado, para cubrir la situación existente. Está documentada la participación del Ejército desde hace mucho (…) y me parece que hasta allá deberá llegarse. (…) Yo creo que se debe proceder contra el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos; contra el expresidente Peña Nieto, no conocía los datos que da sobre el almirante, pero si así fuese procedería también”.
La ex canciller en el gobierno de Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu rechazo la falaz narrativa del gobierno sobre el crimen de estado y expresó a nombre del PRI, el respaldo al ex procurador, Jesús Murillo Karam. Esperamos que la detención del exprocurador, así como de otras personas señaladas como presuntos responsables, obedezca estrictamente a la búsqueda de la verdad y no a un interés político o a un ánimo de revanchismo. Rechazamos por lo demás, tajantemente la narrativa de crimen de estado, es la construcción falas de una imputación, de una inducción al imaginario colectivo, hay que distinguir entre los hechos, un grupo de jóvenes que fue privado de su libertad y eventualmente de su vida por grupos de delincuencia organizada, de otra circunstancia o si en el curso de las investigaciones hubo irregularidades que puedan ser investigadas y en su caso sancionadas”.
También, el diputado del PRI, José Yunes Zorrilla, afirmó que este tema es tan vil que puede utilizarse políticamente, para tratar de cambiar versiones, posicionar y legitimar a un gobierno. También refirió que el informe que presentó Alejandro Encinas “fundamentalmente es el mismo” que reveló la anterior administración: “jóvenes que fueron interceptados por cuerpos policíacos municipales en una administración vinculada con el mismo partido que hoy gobierna la República y que los pusieron a disposición del crimen organizado. Que los integrantes del crimen organizado los desaparecieron”.
“Es utilizar un hecho tan grave para uso político, no sé si sólo electoral, pero por lo menos de legitimización frente a las familias y frente a la opinión pública por parte del gobierno de la República. No importa lo qué fue lo que realmente sucedió, ni quién lo hizo, importa quién puede expiar esa culpa y con cargo a esa libertad, a su presunción de inocencia y a su figura, tratar como coloquialmente se dice en los ámbitos judiciales de dar carpetazo a un hecho que nos debe motivar a seguir trabajando porque nos lastima a todos”.
Imelda Castro, senadora de Morena, defendió el informe que calificó de “completo”, pues explica minuto a minuto lo qué sucedió con este crimen de Estado. Afirmó que en este gobierno se cumple la ley y se hace justicia y no hay pacto de impunidad con nadie.
JJ
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