México.- Inició la audiencia en el Reclusorio norte en la que se determinará la situación jurídica del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa
El juez federal de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien dictó prisión preventiva justificada al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa, definirá este miércoles la situación jurídica del ex funcionario federal.
La audiencia se desarrolla en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte; donde el impartidor de justicia determinará si vincula o no a Murillo a proceso, y si ratifica en su contra la prisión preventiva justificada o la cambia por alguna otra medida cautelar.
En la audiencia inicial del pasado sábado,
agentes de Ministerio Público de la Federación, acusaron al exprocurador de supuestamente “fraguar” y “montar” una verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que argumentó que ordenó alterar indicios de prueba en diversos puntos de Guerrero, para lo cual —dijeron los agentes—, se reunió en Guerrero con el entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre, y con el entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México.
Al también exsenador de la República, la FGR lo señala de ser cómplice en actos de tortura contra el presunto sicario de Guerreros Unidos, Agustín García, alias “el Chereje”.
Murillo fue detenido el pasado viernes cuando salió de su domicilio en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Al acercarse a los elementos federales de la Marina y de la FGR que habían montado un mega operativo, a Murillo se le presentó la orden de aprehensión en su contra y posteriormente se le trasladó a oficinas de la FGR.
Tras la detención de Murillo Karam, la Fiscalía informó la emisión de 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa de los 27 y 41 batallones de Infantería, policías municipales de Huitzuco; Iguala y Cocula, además policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.
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