Naciones Unidas.- Países de diversos continentes volverán a reunirse a partir del próximo lunes en la sede de la ONU para tratar de pactar finalmente un tratado que proteja la biodiversidad en la alta mar, un instrumento que lleva años en discusión y que los ecologistas consideran fundamental para salvar los océanos.
Tras no lograr un acuerdo durante la que debía ser la última ronda de negociaciones el pasado marzo, los gobiernos se reunirán durante diez días en Nueva York para intentar lograr un consenso.
Sobre la mesa tendrán el borrador de un acuerdo en el marco de la ya existente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que busca “asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”. Esas zonas abarcan las aguas situadas a más de 200 millas marinas de las costas y que actualmente están reguladas por distintos acuerdos y organismos, sin un marco general claro.
La alta mar, tal y como se conoce comúnmente a estas aguas internacionales, representa la mayor parte de los océanos y, según los grupos ecologistas, se encuentra hoy muy amenazada por la contaminación, el cambio climático y las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los océanos y a una pesca más intensiva.
“Estas negociaciones son una oportunidad única en una generación para salvar la parte azul de nuestro planeta azul”, señala Laura Meller, de Greenpeace.
Esta ONG y otros grupos ecologistas, unidos bajo el paraguas de la Alianza para la Alta Mar, esperan que esta quinta ronda de negociaciones desemboque por fin en un acuerdo del que se lleva hablando muchos años y que comenzó a discutirse oficialmente en 2018.
“Desde hace casi dos décadas, los líderes han hablado y retrasado mientras la crisis de los océanos sigue profundizándose. Ahora es el momento de que los líderes cumplan con sus compromisos y finalicen un Tratado Global de los Océanos sólido”, insiste Meller.
Hasta ahora, medio centenar de países han firmado una declaración impulsada por la Unión Europea (UE) en la que se comprometen a tratar de cerrar un acuerdo “ambicioso” en 2022. Además de España, varios países latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú se han sumado a este compromiso, firmado también por Australia, Canadá, la India, Marruecos y el Reino Unido, entre otros.
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