San Salvador.- El Ministerio de Salud de El Salvador afirmó en una resolución de acceso a información pública que “no se cuenta” con los datos de las personas privadas de libertad, en el marco de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo, que han fallecido en hospitales públicos.
Así respondió este jueves la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la cartera de Salud a una solicitud hecha por Efe, en la que se requerían, además de la cantidad de personas detenidas que han fallecido, datos sobre sexo, edad y la cárcel desde la que fueron trasladados.
La entidad señaló que requirió los datos solicitados a la “Directora General de Hospitales y con la Jefa de la Unidad de Estadísticas en Salud” (sic).
“Ambas funcionarias expresaron, que la información que se requiere no es una variable que recolecta este Ministerio, por ende no se cuenta con la misma”, indicó la UAIP en su resolución.
De acuerdo con reportes de la prensa salvadoreña, son más de 40 personas las que fueron detenidas bajó el régimen de excepción y fallecieron posteriormente en custodia del Estado.
Abraham Ábrego, de la organización Cristosal, dijo a inicios de junio que han identificado patrones en estas muertes, de las que han recibido 4 denuncias.
Entre estos patrones se encuentran víctimas golpeadas durante su detención y que posteriormente fallecieron en un hospital, además personas vapuleadas en los centros de detención o de fallecidos por falta de acceso a medicamentos para enfermedades crónicas.
“Tenemos narraciones (de personas liberadas) de torturas en las prisiones y que se repiten cuando los familiares de los detenidos denuncian”, indicó.
Por otra parte, también indicó que se han generado indicios en las muertes con signos de torturas y de “posibles ejecuciones extrajudiciales”.
El Ministerio de Salud no es la primera entidad que niega información relacionada con el régimen de excepción.
La UAIP de la Fiscalía General de la República (FGR) declaró el miércoles “inexistente” un informe estadístico sobre órdenes de captura, detenciones y personas privadas de la libertad fallecidas en el marco de un régimen de excepción.
Son más de 40.700 personas detenidas y unas 3.000 denuncias de supuestos atropellos que han recibido organizaciones humanitarias locales e internacionales, además de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El Congreso aprobó y extendió ya en dos ocasiones esté régimen, que suspende derechos constitucionales, tras una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en tres días a finales de marzo y se atribuyó a las pandillas.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
RM
