Ciudad de México.- La policía de a investigación (PDI) de la Ciudad de México montó un operativo al interior de la Fiscalía capitalina conocidas como “el búnker”, para detener a José Roberto Uribe Ruiz, quien desempeñaba como encargado de la Unidad de Inteligencia Cibernética de dicha Institución, tras comprobarse que fue el encargado de montar, administrar y operar una red de espionaje durante la administración de Miguel Ángel Mancera.
El detenido, apodado “Chiken Little”, presuntamente operó un “centro de espionaje” donde los principales objetivos eran Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Cdmx; Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Relaciones Exteriores; Ricardo Monreal Ávila, Coordinador de Morena en el Senado de la República, así como otros Políticos de Morena, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En sus primeras declaraciones ante las autoridades capitalinas, Uribe Ruiz manifestó que él únicamente seguía órdenes del ex Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, y señaló que tenía instrucciones de “espiar” a los citados funcionarios.
Ulises Lara, Vocero de la FGJCDMX informó que al funcionario de la institución detenido se le imputan los delitos de ejercicio abusivo de funciones, antes conocido como peculado, así como violación a la comunicación privada, por los que fue consignado al Reclusorio Varonil Norte.
“Tras quedar a disposición del juez de la causa, el Ministerio Público solicitó audiencia inicial para buscar su vinculación a proceso, por lo que al imputado le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva, hasta en tanto se lleve a cabo la continuación de la audiencia celebrada esta tarde, luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional” detalló el vocero.
De acuerdo a las investigaciones José Roberto “N” y otras personas, también servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Gobierno, realizaron violaciones de comunicaciones privadas entre los años 2013 y 2018, cuyo centro de operación era un domicilio ubicado en la calle Manuel Marqués Sterling, en la colonia Centro, por lo que se presume de la existencia -en dicho periodo- de una casa de espionaje en la Ciudad de México, operada por servidores públicos.
“Dichas personas, se daban a la tarea de ilegalmente intervenir comunicaciones privadas de personas del ámbito político, así como de sus familiares más cercanos; elaborar fichas de identidad; diseñar rutas y mapas de seguimiento; además de ejecutar planes con fines político-electorales” explicó a Ulises Lara.
Entre las personas y sus familias que fueron espiadas, es decir, vigiladas de manera ilegal, se encuentran servidoras y servidores de todos los niveles de gobierno, que hoy ocupan cargos en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Gobierno de la Ciudad de México y en la propia Fiscalía, cuyos nombres fueron reservados.
El vocero de la Fiscalía capitalina, indicó que quienes posiblemente dirigían y operaban esta célula, a sabiendas que, de darse a conocer sus operaciones, se comprometería a todas las personas servidoras públicas involucradas, tanto medios como altos mandos del Gobierno del Distrito Federal, en un intento por deshacerse de las evidencias de su delito, desmantelaron el equipo en julio de 2018 y destruyeron casi todo el equipo informático para tratar de eliminar cualquier rastro que revelara la existencia de sus operaciones.
“Sin embargo, a pesar de la parcial destrucción de la información, el 12 de julio de 2021 fue entregada a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos un equipo de cómputo portátil con datos que no lograron ser destruidos.
Del contenido de dicho dispositivo, la Fiscalía logró extraer diversa información consistente en fotografías, videos, correos electrónicos, audios, y todo tipo de archivos posiblemente relacionados con estos hechos” afirmó Ulises Lara.
Detalló que se recabaron cerca de 41 unidades de almacenamiento o “discos duros”, con registros de llamadas telefónicas, fichas de identidad, así como búsquedas en bases de datos y redes sociales de personajes políticos.
Informó que la FGJCDMX solicitó a Interpol México la emisión de las llamadas Fichas Rojas para evitar una posible fuga del país de las personas posiblemente involucradas.
“Esta Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la Ley, en las que puedan estar relacionados ex servidores públicos, por lo que refrenda su compromiso de investigar y sancionar este tipo de ilícitos, a fin de evitar la impunidad” subrayó Ulises Lara.
RM
