Q. Roo.- Integrantes del sector empresarial y turístico del lugar alzaron la voz para denunciar una red de extorsión implementada por inspectores de la Secretaría de Protección Civil de Playa del Carmen, quienes —aseguran— recurren a la intimidación y a cobros exorbitantes bajo la amenaza recurrente de clausurar establecimientos comerciales e infraestructura hotelera.
De acuerdo con los testimonios presentados por prestadores de servicios y comerciantes de la zona turística, que prefieren mantener el anonimato para no ser objeto de represalias, los funcionarios aprovechan los operativos de verificación para señalar supuestas irregularidades normativas de imposible cumplimiento inmediato, exigiendo “cuotas de regularización” directas o pagos en efectivo fuera del marco fiscal, para evitar la colocación de sellos de suspensión.
En muchos casos, las multas e irregularidades imputadas carecen de sustento técnico y solo se utilizan como mecanismo de presión financiera y van de los 5 a los 20 mil pesos por visita. Entre las irregularidades denunciadas por el sector empresarial, señalan la amenaza constante de clausuras mediante notificación de inconsistencias operativas sin otorgar el periodo de subsanación que marca la ley.
El sector privado advirtió que estas prácticas colocan en estado de indefensión a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de la Riviera Maya, las cuales intentan recuperarse de las presiones operativas y los costos de insumos en la temporada.
Ante la gravedad de las acusaciones, los empresarios exigieron a la Contraloría Municipal y a la Secretaría de la Contraloría del Estado abrir investigaciones de oficio contra los inspectores implicados y los mandos directivos de Protección Civil en Playa del Carmen. Mientras ya existe una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo asentada bajo la carpeta FGE/QR/SOL/DEL/4369/2026
Asimismo, hicieron un llamado enérgico a la presidenta municipal, Estefanía Mercado, para instalar mesas de trabajo transparentes donde las verificaciones se realicen estrictamente apegadas a derecho, con un padrón público de inspectores certificados e itinerarios auditables, evitando que las dependencias gubernamentales funcionen como órganos de extorsión institucionalizada contra la iniciativa privada local.
Javier Vite / Corresponsal en Quintana Roo
JAP
