Quintana Roo.- En lo que constituye la primera sentencia de máximo impacto dictada por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial del Estado (TDJ), el juez penal de control Jonathan Yong Mendoza fue destituido formalmente de su cargo e inhabilitado para la función pública por un periodo de un año.
La resolución deriva de una agresión física y amenazas con arma de fuego cometidas en contra de su pareja sentimental y vecinos en la residencial Palmaris de esta ciudad.
Juez fue sancionado por agresión y amenazas con arma de fuego
La decisión fue sustentada por la magistrada Nelsy Lucely Trejo Puc, titular de la Segunda Comisión del TDJ, quien determinó que Yong Mendoza faltó de manera grave al profesionalismo y decoro de la investidura judicial.
De acuerdo con el expediente, la madrugada del 24 de diciembre de 2025, el ahora exjuez accionó un conflicto personal en la vía pública donde golpeó e intimidó con un arma de fuego a su pareja, amedrentando además al guardia de seguridad y a colonos que presenciaron los hechos.
A pesar de que el imputado intentó desestimar los señalamientos alegando una campaña mediática con trasfondo político y argumentando el posterior desistimiento de la víctima, el órgano investigador acreditó la existencia objetiva de las agresiones morales y físicas, calificándolas como una “mancha irreparable al servicio público de impartición de justicia”.
Jonathan Yong Mendoza llegó al Poder Judicial tras elección de 2025
La destitución de Jonathan Yong Mendoza expone nuevamente las inconsistencias en los filtros de selección para el servicio público y el Poder Judicial estatal, toda vez que el exjuez llegó al cargo favorecido en la elección judicial de 2025 tras ser postulado por el Poder Ejecutivo, a pesar de acarrear un polémico expediente de señalamientos financieros y administrativos.
Jonathan Yong Mendoza, después de ser secretario de Seguridad Pública en Cancún, fue catalogado en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dentro del grupo de cerca de 20 personas investigadas por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a la red liderada por Florian Tudor en Quintana Roo. Derivado de ello, sus cuentas bancarias y las de su padre fueron congeladas.
A pesar de las investigaciones federales en su contra, se desempeñó como Oficial Mayor del municipio de Puerto Morelos durante la primera gestión de la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz.
Es importante destacar que mantiene presencia en la función pública desde el año 2014, acumulando cargos directivos y administrativos en diversos niveles de gobierno en la entidad.
Tribunal aplica sanción máxima al exjuez
Aunque el marco normativo catalogó la falta cometida como “no grave”, el Tribunal aplicó la sanción máxima prevista, consistente en la remoción del cargo adscrito al Juzgado Penal de Playa del Carmen e inhabilitación temporal.
La medida fue sustentada bajo el argumento de que existe una “incompatibilidad absoluta entre el uso de la violencia física o moral y la función de impartir justicia”.
El fallo, pronunciado el pasado 3 de agosto de 2026, fue notificado al Órgano de Administración Judicial del Estado, instancia que el 5 de agosto ordenó a la Dirección de Recursos Humanos la baja inmediata del funcionario y la ratificación de la retención de sus percepciones salariales durante el periodo de suspensión.
Asimismo, el dictamen fue turnado formalmente a la Comisión Permanente del Congreso del Estado para los efectos legales correspondientes.
Javier Vite, corresponsal / JJ
