México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada entregó 106 viviendas del programa de Vivienda Social en el conjunto habitacional ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde aseguró que su administración impulsa la política de vivienda “más grande y ambiciosa” en la historia de la capital y reiteró su compromiso de garantizar que vivir en la ciudad sea un derecho y no un privilegio.
El desarrollo habitacional requirió una inversión cercana a los 100 millones de pesos, los departamentos construidos tienen cerca de 60 metros cuadrados, equipados con servicios básicos, ecotecnias y criterios internacionales de habitabilidad.
Cada departamento tuvo un costo promedio de 928 mil pesos, equivalente a cerca de 10 mil pesos por metro cuadrado, muy por debajo de los precios del mercado inmobiliario capitalino, donde el metro cuadrado oscila entre 30 mil y 50 mil pesos.
Créditos sin intereses para facilitar el acceso a la vivienda
Las familias beneficiarias recibieron créditos públicos sin intereses, ajustados a su capacidad de pago, como parte de una política que busca revertir la exclusión financiera que durante años enfrentaron miles de trabajadores para acceder a una vivienda.
Brugada recordó que al inicio de su administración se creó la Secretaría de Vivienda y se duplicó el presupuesto del sector, que pasó de 4 mil a 9 mil millones de pesos anuales, con el propósito de construir nuevas viviendas, adquirir suelo para desarrollos habitacionales y fortalecer los programas de mejoramiento de vivienda.
Gobierno de CDMX mantiene meta de 200 mil acciones de vivienda
Reiteró que la meta del gobierno capitalino es alcanzar 200 mil acciones de vivienda durante el sexenio, de las cuales 80 mil serán viviendas nuevas y 120 mil corresponderán a mejoramientos de vivienda.
Asimismo, defendió la reciente iniciativa enviada al Congreso de la Ciudad de México para establecer a nivel constitucional que las rentas no puedan aumentar por encima de la inflación, además de incorporar el derecho al arraigo y la obligación del Estado de desarrollar políticas públicas contra la gentrificación.
“Queremos una ciudad donde el precio del suelo no tenga más fuerza que las raíces de su gente; donde nadie sea expulsado del barrio donde nació porque ya no puede pagar la renta”, expresó.
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