La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del caso de la privación de la libertad de la reportera Roxana Guzmán, a solicitud de la Fiscalía de Veracruz, por lo que será a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión en la Ciudad de México que se dará continuidad a las indagatorias.
La fiscal del estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó lo anterior y puntualizó que desde el pasado 10 de junio se realizó la solicitud de atracción del caso; sin embargo, fue este viernes cuando la autoridad federal recibió la carpeta de investigación entregada por la Fiscalía estatal.
Autoridades mantienen dos líneas de investigación
En ese tenor, adelantó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz cuenta con dos líneas de investigación, las cuales continuará desarrollando y apoyando a la autoridad federal para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
“El día de hoy (viernes) se está entregando esta carpeta en la Ciudad de México, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Se hicieron todas las diligencias correspondientes: entrevistas, dictámenes respectivos y la búsqueda; pero la tarde de antier (miércoles) nos notificaron la atracción por la Fiscalía Especializada de la FGR”, apuntó.
Roxana Guzmán fue privada de la libertad por hombres armados
La reportera Roxana Guzmán fue privada de su libertad el pasado 2 de junio, cuando hombres armados irrumpieron violentamente en su domicilio, ubicado en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz, para llevársela con rumbo desconocido.
Continúan los operativos de búsqueda sin resultados
Autoridades estatales, en coordinación con instancias federales, implementaron operativos de búsqueda; sin embargo, hasta el momento y luego de más de diez días de ocurridos los hechos, se desconoce el paradero de la comunicadora.
La atracción del caso por parte de la FGR busca fortalecer las investigaciones y garantizar el seguimiento especializado de un caso que involucra a una profesional de la comunicación y posibles delitos contra la libertad de expresión.
Javier Laertes, corresponsal / JJ
