México.- El presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, Héctor Eduardo Martínez, pidió a la Cámara de Diputados hacer cambios en la política fiscal pues en lo que compete a esa cooperativa, la carga del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), afecta sus ventas, sus planes de expansión y en general al modelo de negocio social.
“Queremos pagar IEPS pero pedimos que sea justo y proporcional, atendiendo a nuestras características de economía social”, enfatizó.
Mencionó que el incremento en el pago del IEPS es excesivo y desproporcionado pues les generó una presión financiera importante al erogar 227.5 millones de pesos, cuando en 2025 pagaron 134.6 millones, es decir una diferencia de más de 90 millones de pesos.
Durante el Foro Nacional de Cooperativas ‘Construyendo Economía Social’, cuya sede fue la Planta de Pascual asentada en Tepojaco, Hidalgo, Héctor Eduardo Martínez recordó que para 2026 se aprobó un incremento del 87.3 por ciento en el IEPS para todas las bebidas azucaradas, pasando de pagar 1.6 pesos en 2025 a 3.08 pesos en 2026, con el objetivo de disminuir el consumo de bebidas azucaradas y combatir la obesidad; sin embargo, aseguró que la carga fiscal para esta cooperativa tuvo un grave impacto.
“La cooperativa Pascual ocupa menos del 1.8 por ciento del mercado de bebidas azucaradas y no tiene la inyección de capitales externos para absorber la carga fiscal del IEPS”, explicó.
Pascual destaca innovación y apoyo al campo mexicano
El presidente de la Cooperativa y anfitrión del evento agregó que Pascual respondió a las exigencias de las políticas públicas para reducir el consumo de azúcar, a través de la innovación y la creación de nuevos productos sin azúcares ni endulzantes.
Sin embargo, señaló que este impuesto golpea a toda la cadena de suministros, entre ellos al campo mexicano, principal fuente de abasto de sus productos, al adquirir anualmente 27 mil toneladas de fruta a productores de Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Colima y Nayarit, además de azúcar por un monto de 550 millones de pesos.
Por ello, el llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los diputados federales es que reconsideren las particularidades del modelo cooperativo en la política fiscal, puesto que de mantenerse igual, habrá afectaciones en el empleo, la inversión y la distribución de la riqueza, de ahí la importancia de que las cooperativas sean reconocidas por su naturaleza de economía social y reciban un trato distinto a la hora de aplicar impuestos como el IEPS.
Caída en ventas y posible revisión del impuesto
Ante una decena de diputados federales y locales, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar y Tatiana Ángeles Moreno, además de la alcaldesa de Tizayuca Gretchen Atilano, Martínez sostuvo que la Cooperativa Pascual registró una caída del 4.4 por ciento en sus ventas durante el primer trimestre del año.
Acotó que, a diferencia de las grandes refresqueras multinacionales, Pascual no puede trasladar el impuesto al consumidor, pues dejaría de ser competitivo y saldría del mercado, por lo que decidió absorber los costos, situación que provocó que se frenaran los planes para construir una planta en Tamaulipas programada para 2027, proyecto que generaría nuevos empleos.
Sobre esto, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar adelantó que este año, a partir del 8 de septiembre, analizarán la aplicación del IEPS.
Además, se comprometió a defender a las cooperativas y empresas artesanales que luchan por sobrevivir dentro del mercado, e incluso habló de un nuevo tratamiento fiscal para ellas, así como esquemas de financiamiento y garantías para acceder a los mercados, con el fin de fortalecer el modelo cooperativista.
Cabe destacar que además de legisladores, asistieron cooperativistas de Colima, Puebla, Michoacán, Nayarit, Baja California, además de representantes de Cruz Azul y Luz y Fuerza.
Verónica Jiménez, Hidalgo
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