México.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, atizó el choque político entre Morena y el PAN al denunciar una “persecución política” contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en lugar de dirigir las investigaciones y eventuales juicios políticos contra funcionarios acusados de tener posibles vínculos criminales con el cártel de Sinaloa y no contra quienes “combaten” a los cárteles.
Postura frontal ante las acciones legislativas de Morena
La legisladora panista fijó una postura frontal ante el anuncio de Morena sobre posibles marchas, acciones legislativas y legales contra la mandataria de Chihuahua, luego del aseguramiento de un narcolaboratorio, al tiempo que sostuvo que el país atraviesa una definición política y ética sobre el papel de los gobiernos frente al narcotráfico.
Declaró que “hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado de los delincuentes, del lado del narco (…) y los políticos que desmantelan narcolaboratorios, que protegen a sus ciudadanos y enfrentan al crimen organizado”.
“Claramente Maru Campos está del lado correcto de la historia, está del lado de la legalidad, de proteger a las familias en Chihuahua. Destruir un narcolaboratorio obliga a reconocerle su trabajo”.
El rechazo al juicio político y la denuncia de corrupción
La diputada aseguró que sería “un abuso” y “una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos” intentar promover un desafuero o juicio político contra Maru Campos. En contraste, sostuvo que las investigaciones deberían dirigirse contra gobernantes “acusados de tener ligas o relación con el crimen organizado”.
López Rabadán retomó declaraciones recientes atribuidas a funcionarios estadounidenses sobre la corrupción de políticos mexicanos y afirmó que México debe decidir “qué tipo de políticos quiere”. “Si queremos políticos corruptos que protejan al narcotráfico o políticos honestos que defiendan a las familias”, expresó.
Control territorial del crimen y responsabilidad del Estado
Aunque evitó pronunciarse directamente sobre una mayor intervención de agencias estadounidenses en territorio nacional, insistió en que la inseguridad y el control territorial del crimen organizado son responsabilidad del Estado mexicano.
“Somos los mexicanos los que debemos reconocer que, si hay un político corrupto, un alcalde corrupto o un gobernador corrupto, se le investigue y se le sancione”, dijo.
Incluso aseguró que el “30 por ciento del territorio mexicano” estaría cooptado por el crimen organizado, cifra que utilizó para advertir sobre la gravedad de la situación de seguridad en el país.
JJ
