Sinaloa.— El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia temporal para separarse del cargo, en medio del contexto de investigaciones derivadas de los señalamientos difundidos recientemente desde Estados Unidos.
Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas, dio lectura a un mensaje del alcalde, en el que informó su decisión de atender los temas legales en curso y permitir que las instituciones realicen su trabajo.
Motivos de la separación del cargo en Culiacán
“Con la plena confianza en el trabajo en las instituciones de este país, he tomado la decisión de solicitar una licencia temporal por más de 10 días, en tanto se lleva a cabo una investigación como la que hoy se ha anunciado”, expresó.
Gámez Mendívil no estuvo presente en la sesión, pero su solicitud fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Cabildo.
Designación de alcaldesa provisional y transición administrativa
Tras la aprobación de la licencia, el Cabildodesignó a la síndica procuradora, Ana Miriam Ramos Villarreal, como presidenta municipal provisional, cargo que asumió oficialmente luego de rendir protesta.
La designación fue avalada por mayoría, aunque contó con el voto en contra de la regidora priista Érika Sánchez Martínez. A partir del 1 de mayo, Ramos Villarreal quedó al frente del Ayuntamiento de Culiacán, con la responsabilidad de dar continuidad a la administración municipal durante el periodo de ausencia del alcalde con licencia.
Contexto político y relación con el caso Rocha Moya
La decisión del alcalde se da en paralelo a la solicitud de licencia presentada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también anunció su separación temporal del cargo para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Ambos movimientos marcan una nueva etapa en la crisis política que enfrenta el estado, en medio de los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado y el proceso de revisión de solicitudes de extradición por parte de autoridades mexicanas.
Con estos cambios, tanto el Ejecutivo estatalcomo el Ayuntamiento de la capital sinaloense entran en una fase de transición, mientras avanzan las investigaciones y se definen los escenarios legales y políticos en torno al caso.
Redacción Sinaloa / JJ
