México.- Las evidentes fallas en la llamada Reforma y elección Judicial han hecho crisis.
La inminente elección de la segunda tanda de jueces y magistrados, programada para el 2027, encendió alertas en el Senado y el grupo gobernante.
Este jueves se realizó en la Cámara Alta un foro de análisis para evaluar todo el proceso y sobre todo para avanzar en correcciones a fin de elevar el perfil y capacidades de los nuevos juzgadores.
De entrada, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences, advirtió que la organización de comicios concurrentes que incluyan elecciones legislativas, de gobernadores y del Poder Judicial, implicaría un costo de hasta 15 mil millones de pesos, debido a la complejidad operativa y logística.
Durante su participación, en este foro denominado “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, la consejera planteó una postura técnica clara y reiteró la necesidad de considerar su aplazamiento hasta 2028.
Explicó que el Instituto enfrenta uno de los mayores retos en su historia al contemplar la renovación de 500 diputaciones federales, así como 463 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, además de procesos locales en 17 entidades.
Subrayó que, contrario a la expectativa de reducir costos, la concurrencia de elecciones duplica o incluso triplica los recursos necesarios, particularmente en rubros como impresión de boletas, capacitación de personal, instalación de casillas y logística territorial.
Proponen ajustes y filtros más estrictos en elección judicial
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, reconoció que el proceso inicial dejó “lecciones claras” y advirtió que, sin evaluaciones sólidas, el nuevo sistema puede perder capacidad para cumplir su objetivo de transformar la justicia en beneficio de la población.
Recordó que el diagnóstico es compartido incluso desde el gobierno.
Corral señaló que en el primer proceso hubo criterios dispares, falta de parámetros claros y, en algunos casos, influencia de grupos de poder en la definición de candidaturas, especialmente a nivel local.
Ante ello, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de endurecer filtros.
En su oportunidad, la diputada de Morena y ex subprocuradora de la PGR, Mariana Benítez, reconoció la urgencia de elevar el perfil y capacidades de los nuevos juzgadores.
Entre las propuestas destacan una certificación técnica obligatoria para aspirantes, evaluaciones estandarizadas y reglas más estrictas para evitar la captura política del Poder Judicial.
Presión nacional e internacional por cambios en el proceso
Las preocupaciones expuestas por la consejera del INE y sobre los perfiles de jueces, magistrados y ministros fueron respaldadas por diversas organizaciones presentes en el foro.
Desde México Evalúa, Susana Camacho advirtió que la elección judicial de 2025 fue apresurada y evidenció la necesidad de rediseñar reglas y mejorar procesos de evaluación.
Por su parte, Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, señaló que la falta de pedagogía electoral y la complejidad de las boletas generaron confusión entre los votantes, lo que derivó en baja participación.
En tanto, representantes de la Barra Mexicana de Abogados y Coparmex coincidieron en que mezclar elecciones políticas y judiciales distorsiona la lógica de ambos procesos, al introducir dinámicas partidistas en la selección de perfiles judiciales.
El foro se desarrolló en un contexto en el que la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la posibilidad de reconsiderar la fecha de la elección judicial.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha planteado la necesidad de ajustes de fondo, mientras que la presidenta abrió la puerta a posponer la elección de 2027 a 2028 para corregir fallas del diseño.
A la presión interna se suma la advertencia internacional.
La OCDE alertó que la elección de todos los jueces por voto popular —un caso único en el mundo— podría poner en riesgo la imparcialidad judicial y afectar la inversión.
Desde Morena, la senadora Susana Harp respaldó la creación de un sistema de evaluación con énfasis en conocimientos reales y capacidades jurídicas, mientras que la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, advirtió que ya se observan problemas como improvisación y falta de experiencia entre algunos juzgadores.
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