México.- Ante la publicación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT 2025), representantes de la sociedad civil enfatizaron la necesidad de implementar una política nacional integral para reducir el consumo de alcohol, cuyo impacto en México representa aproximadamente 40 mil muertes y al menos 552 mil millones de pesos en costos sociales cada año.
Alarma por el consumo de alcohol en adolescentes y mujeres
Los resultados de la encuesta muestran que persisten cifras alarmantes: la prevalencia en adolescentes se mantiene en 33.9%, con mínima diferencia entre hombres (36.6%) y mujeres (31.1%), mientras que el consumo alguna vez en la vida entre mujeres de la población general aumentó significativamente de 67.3% a 75.4%.
Nancy López Olmedo, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló al presentar la ENCODAT 2025 que, si bien las prevalencias de consumo de alcohol disminuyeron en 2025 en relación a 2016, siguen siendo millones de personas menores de edad y adultas que actualmente ingieren alcohol, lo que sugiere la necesidad de seguir fortaleciendo acciones para la prevención y el control de su consumo.
El alcohol como factor de riesgo para más de 200 enfermedades
“El alcohol es una sustancia psicoactiva, es decir, es una droga legal que tiene efectos a nivel cerebral. Y a pesar de que a nivel mundial ha disminuido su consumo, sigue siendo la más consumida a nivel global. También tiene efectos tóxicos y, justo por su toxicidad y su sustancia psicoactiva, es el factor de riesgo para más de 200 condiciones de salud, incluyendo enfermedades crónicas como hipertensión, cirrosis, diferentes tipos de cáncer, enfermedades infecciosas y lesiones tanto intencionales como no intencionales”.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, enfatizó que el consumo de alcohol en México se mantiene como un problema de salud pública importante.
Impacto económico y mortalidad en México según ENCODAT 2025
Destacó que la ingesta representa alrededor de 40 mil muertes anuales e implica al menos 552 mil millones de pesos en costos sociales. Con base en los resultados de la ENCODAT 2025, es alarmante que la prevalencia en adolescentes siga en 33.9%, con escasa diferencia entre hombres (36.6%) y mujeres (31.1%), con un aumento significativo de consumo alguna vez en mujeres para la población general (de 67.3% a 75.4%).
Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), recalcó que la evidencia es clara: para reducir de manera efectiva el consumo de alcohol y los daños asociados se requieren políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en evidencia científica, que regulen la disponibilidad, precio y publicidad de las bebidas alcohólicas.
Propuestas para regular la disponibilidad y publicidad del alcohol
Robledo añadió que las experiencias internacionales demuestran la efectividad de medidas como el aumento de impuestos, la regulación de la disponibilidad del alcohol, la restricción de la publicidad y el fortalecimiento de los servicios de prevención.
“Estas políticas no buscan prohibir, sino proteger la salud pública, especialmente de niñas, niños, adolescentes y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”.
El vínculo directo entre el consumo de alcohol y el cáncer
Sebastián García Procel, de la Fundación Cáncer Warriors de México, recordó que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasifica al alcohol como carcinógeno Grupo 1, asociado con al menos siete tipos de cáncer: mama, hígado, colon, esófago y cavidad oral, entre otros.
“La relación entre el consumo de alcohol y el cáncer es un tema que ocupa cada vez mayor relevancia en la agenda internacional de salud, a partir del crecimiento sostenido de la evidencia científica que demuestra sus impactos en la prevención y el control de la enfermedad”.
Precisó que los datos de la ENCODAT 2025 representan una oportunidad clave para fortalecer un enfoque preventivo, particularmente ante el impacto del alcohol en el cáncer de mama, donde el riesgo puede aumentar de forma significativa incluso con consumos considerados moderados. La disposición de la sociedad civil para trabajar de manera colaborativa con las autoridades busca construir políticas públicas más sólidas que protejan la salud y salven vidas.
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