México.- La defensa del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando, imputados por huachicol fiscal, informó que el Poder Judicial corrigió omisiones del Ministerio Público en el caso.
“En una audiencia de tutela de derechos, celebrada este jueves, una Jueza federal frenó la opacidad de la Fiscalía y ordenó transparentar por completo la investigación seguida contra el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, dentro de la Causa Penal 325/2025“, informó a través de un comunicado el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, como defensa del imputado.
Jueza ordena entregar 20 tomos completos de la investigación
La resolución judicial pone límite a la discrecionalidad del Ministerio Público y obliga a entregar la carpeta completa del caso, integrada hasta hoy por 20 tomos. La audiencia tuvo como propósito denunciar ante la Jueza de Control, Mariana Vieyra Valdez, que el Ministerio Público entregó información incompleta y con documentos testados, además de negar el acceso a la carpeta original, restringiendo el derecho de defensa.
Al resolver, la Jueza fue clara: la carpeta de investigación no puede seguir oculta a la defensa, ni la Fiscalía puede decidir unilateralmente qué información mostrar y cuál esconder. Por ello, determinó que:
- La Fiscalía deberá entregar los 20 tomos completos de la investigación.
- Aunque las copias pueden ser testadas, la carpeta original deberá ponerse a la vista de la defensa sin testaduras.
- Cualquier intento de reservar información deberá justificarse en una audiencia privada, bajo control judicial.
- Se fijó el martes 27 de enero a las 10:00 horas para acudir a la FEMDO y dar cumplimiento a lo ordenado.
Transparencia y debido proceso en el caso Farías Laguna
Esta resolución exhibe omisiones del Ministerio Público en la investigación federal y confirma que el Poder Judicial obligó a la FEMDO a transparentar el expediente, corrigiendo prácticas dilatorias y devolviendo equilibrio al proceso.
El fallo deja un mensaje inequívoco: la transparencia no es una concesión de la Fiscalía, es una obligación legal; el debido proceso no admite atajos, y la tutela de derechos sí funciona cuando existe control judicial efectivo. El despacho de abogados informó que continuará actuando por la vía legal para garantizar una defensa plena e informada bajo principios de legalidad y supervisión judicial.
JJ
