México.- A pesar de que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fue aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y establece que este delito debe perseguirse de oficio, empresarios del sector de la seguridad privada en Quintana Roo denuncian ser víctimas de un presunto esquema de extorsión institucional dentro del gobierno estatal.
De acuerdo con los señalamientos, el esquema estaría encabezado por Jaime Ongay Ortiz, director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad, junto con su asistente Isis Yetlanexy Amilpa Córdoba.
Denuncian cobros ilegales disfrazados de trámites administrativos
Al menos 30 empresas del sector aseguran que funcionarios les exigen pagos millonarios bajo el argumento de trámites administrativos, inspecciones o autorizaciones regulatorias. Según los testimonios, las compañías que se niegan a realizar estos pagos enfrentan clausuras inmediatas, retrasos injustificados y hostigamiento burocrático.
Por el contrario, los empresarios afirman que aquellas empresas que acceden a los pagos obtienen autorizaciones en cuestión de días, pese a que la ley establece plazos de entre uno y 90 días hábiles para la resolución de trámites.
“Nos dijeron directamente: si no pagas, tu trámite no pasa”, declaró un empresario bajo condición de anonimato. Otro afectado señaló que, cuando no se realizan pagos extraoficiales, los procedimientos pueden extenderse hasta seis meses o más, sin explicación legal.
Señalan uso del poder público para intimidar a competidores
Empresarios y abogados del sector aseguran contar con evidencia de trato diferenciado y del uso de facultades oficiales para intimidar o excluir a competidores del mercado. Las denuncias ya fueron presentadas ante la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo.
Sin embargo, los denunciantes señalan que el titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, mantiene en su cargo a Ongay Ortiz, lo que interpretan como una posible protección política.
La nueva Ley Antiextorsión considera agravante a servidores públicos
El caso cobra especial relevancia debido a que las acusaciones involucran a servidores públicos, lo que la nueva Ley Antiextorsión considera una conducta agravante, con sanciones más severas y mecanismos específicos de protección para las víctimas.
Hasta el momento, el gobierno de Quintana Roo no ha emitido una postura oficial ni ha informado públicamente sobre la apertura de una investigación administrativa o penal.
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