Ciudad de México — Con su renuncia reciente como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero deja atrás una gestión marcada por casos mediáticos, críticas por impunidad y decisiones polémicas. Entre los episodios más destacados de su mandato figura su intervención en el caso Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco —escenario de denuncias de desapariciones, violencia y posible uso del predio por parte del crimen organizado.
Quién es Alejandro Gertz Manero
Gertz asumió la FGR en diciembre de 2019, tras una extensa trayectoria como abogado, académico y funcionario público. Durante su gestión la FGR abordó investigaciones de alto perfil, lo que le granjeó tanto elogios por persecución de la impunidad como críticas por lentitud, opacidad o resultados insatisfactorios en casos emblemáticos.
La encrucijada del Rancho Izaguirre
El Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, saltó a la escena pública en marzo de 2025, cuando el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que habían hallado hornos clandestinos, restos humanos, ropa, calzado y otros indicios de posibles desapariciones y cremaciones masivas.
Inicialmente, la investigación estaba a cargo de la fiscalía local de Jalisco —tras un operativo de septiembre de 2024 que detuvo a varias personas—, pero sin que se hicieran peritajes completos ni se procesaran debidamente la evidencia.
FGR atrae el caso y Gertz asume el control federal
Ante la gravedad de los señalamientos, Gertz anunció públicamente que la FGR tomaría el control del Rancho Izaguirre, declarando que la investigación pasaba a ser de carácter federal.
El fiscal general indicó que los peritos de la institución federal ya estaban en el lugar y ordenó un plazo claro y específico para presentar los resultados periciales, comprometiendo transparencia en la entrega de información.
Resultados preliminares y contradicciones
En sus informes públicos, Gertz reconoció que en el rancho se hallaron restos humanos, ropa, calzado y otros indicios de actividades delictivas. También confirmó la detención de al menos 15 personas presuntamente ligadas al predio y vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalando que el sitio funcionaba como centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones criminales.
No obstante, negó que existieran evidencias concluyentes de que el lugar hubiera funcionado como crematorio clandestino, contradictorio con los testimonios y hallazgos reportados por el colectivo de buscadoras.
Además, denunció graves omisiones de la fiscalía estatal de Jalisco: falta de peritajes, mal manejo de la evidencia, ausencia de seguimiento a declaraciones de víctimas, deficiente identificación del predio, y manipulación o abandono de la escena del crimen.
Un caso paradigmático de la impunidad y los retos estructurales
El manejo del Rancho Izaguirre —y la decisión de atraer la investigación a nivel federal— se convirtió en símbolo de los problemas estructurales del sistema de procuración de justicia en México: corrupción, negligencia institucional, colusión con organizaciones criminales, y fallos en el mecanismo de búsqueda de desaparecidos.
Para muchos críticos, la actuación de Gertz Manero ilustra la tensión entre su discurso de combate a la impunidad y la realidad de resultados incompletos, evasivas oficiales y poca transparencia.
Historia de cargos y otros casos relevantes bajo su gestión
Durante su mandato, la FGR bajo Gertz impulsó investigaciones de gran impacto, entre ellas:
- El caso del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya —implicado en presuntos sobornos, corrupción y contratos irregulares relacionados con la trama Odebrecht—. A pesar de procesos mediáticos, el caso enfrentó retrocesos, impugnaciones y críticas por la falta de sentencias definitivas.
- Indagaciones relativas al desaparecimiento forzado y violaciones graves a derechos humanos, incluyendo casos de desapariciones masivas que aún generaban exigencias sociales de justicia.
Qué deja su renuncia y los pendientes para la FGR
Con la renuncia de Gertz Manero, la FGR —y el Estado mexicano— enfrentan un momento clave: la necesidad de reconstruir la confianza pública, acelerar investigaciones pendientes (como la del Rancho Izaguirre), ofrecer resultados concretos y transparentes, y asegurar que las nuevas autoridades respondan con eficacia ante crimen organizado, desapariciones y corrupción.
Para muchos defensores de derechos humanos, el relevo en la FGR representa una oportunidad para reformar prácticas, fortalecer la autonomía institucional y garantizar que los casos emblemáticos no queden en la impunidad.
Redacción ENfoque
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