CDMX.- El Congreso capitalino aprobó incrementar la pena mínima del delito de despojo de 5 a 6 años y la máxima de 10 a 11 años, además de 200 mil UMA de multa a quien ocupe un inmueble ajeno por medio de violencia física o moral. La pena se aumenta de 7 a 11 años si se comete en contra de persona mayor de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o perteneciente a comunidad indígena.
Además, se adicionan como métodos de comisión la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad, y se sancionará a quien mantenga la ocupación del inmueble tras ser requerido por alguna autoridad.
El diputado local de Acción Nacional, Diego Garrido, dijo que este ilícito ha crecido de manera exponencial en la metrópoli al contabilizar más de 29 mil carpetas de investigación actualmente por despojos.
“Estamos hablando que se cometen 12 despojos al día en esta ciudad, 12 casas, 12 departamentos, 12 predios están siendo invadidos, están siendo arrebatados diariamente a las familias de esta ciudad. ¡29 mil casas, 29 mil departamentos, 29 mil predios es una cifra tremenda!”, expresó.
Protección patrimonial para grupos vulnerables
Al fundamentar el dictamen aprobado a nombre de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, la congresista María del Rosario Morales Ramos de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación puntualizó que “el despojo es arrebatarle a una persona el hogar donde construyó su historia, la tierra que le heredaron sus padres“, situación que deja a quienes son víctimas de este delito en la indefensión.
El congresista de Morena, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, aseveró que esta reforma es fundamental para la protección del patrimonio de quienes habitan en la capital. Además, fortalece la prevención y sanción del delito de despojo de bienes inmuebles que afecta a sectores vulnerables de la sociedad como adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.
Al señalar que se da un paso importante en la defensa de las familias capitalinas ante una de las formas más crueles de violencia patrimonial, la panista Daniela Gicela Álvarez Camacho señaló que solo en los primeros siete meses de 2025 se han abierto 2 mil 245 carpetas, y solo el uno por ciento de las 21 mil que existen han sido judicializadas.
“Nosotros hemos acompañado a más de 47 víctimas sin que hayan podido encontrar empatía y justicia; su lucha seguirá siendo la nuestra hasta que los culpables paguen”, afirmó.
Finalmente, la priista Tania Nanette Larios Pérez celebró los avances para controlar estos delitos a través del dictamen aprobado e informó que se han recuperado más de 265 inmuebles por este delito, pero únicamente se han devuelto a los propietarios 192 viviendas, por lo que señaló que hay mucho por hacer para recuperar y garantizar la restitución a las familias.
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