México. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió siete controversias constitucionales que refuerzan la certeza jurídica y la rectoría nacional sobre los recursos energéticos, al determinar que los municipios y estados no pueden imponer cobros, licencias ni verificaciones en actividades relacionadas con hidrocarburos, gas LP, electricidad o infraestructura ferroviaria.
El Pleno de la Corte estableció que dichas facultades corresponden exclusivamente a la Federación, por lo que ningún gobierno local puede cobrar derechos por la operación de gaseras, pozos petroleros, plantas solares, eólicas, termoeléctricas o hidroeléctricas, ni exigir pagos por licencias de construcción de vías de ferrocarril.
⚙️ La Corte invalida cobros locales en sectores estratégicos
Las controversias resueltas —identificadas con los números 48, 52, 56, 67, 102, 108 y 116 de 2025— provenían de los estados de Guerrero, Coahuila, Nayarit y San Luis Potosí, donde algunos municipios intentaron establecer multas y cobros administrativos por registros de control ambiental o permisos en materia energética.
La SCJN determinó que estas disposiciones violaban la Constitución, al invadir competencias federales en sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
🛡️ Protección a empresas y seguridad jurídica
Con esta resolución, la Corte protege la seguridad jurídica de empresas y particulares que operan en los sectores energético y de transporte, evitando confusiones, pagos dobles y fragmentación de competencias entre órdenes de gobierno.
“Las decisiones del Pleno establecen reglas claras y un manejo justo y equitativo de los recursos energéticos en todo el país”, precisó el Máximo Tribunal.
⚡ Rectoría nacional sobre hidrocarburos y energía
La decisión ratifica la rectoría del Estado mexicano sobre los hidrocarburos, la generación eléctrica y la infraestructura estratégica, con el objetivo de garantizar igualdad en las reglas y costos para todos los estados.
Con ello, la SCJN reafirma su papel como garante del equilibrio federal y del desarrollo energético nacional, asegurando que los ingresos derivados de estos sectores se administren bajo un marco jurídico uniforme.
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