México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció en contra del avance que ha tenido la propuesta de reforma a la Ley de Amparo en el Senado y que ahora será revisada en la Cámara de Diputados. El organismo dijo que en un momento decisivo para la justicia constitucional, este paso es un retroceso para la justicia.
Si bien reconoció como positivo el que se hayan incorporado temas como el interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias, hay otras que, por el contrario, limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica e incluso pueden frenar la inversión y la generación de empleo.
Riesgos y Preocupaciones de Coparmex sobre la Reforma de Amparo
El organismo cúpula del sector patronal recordó que el Amparo colocó a México como referente mundial en justicia constitucional y con el cual miles de micronegocios se han defendido de abusos de autoridad. Hoy está en riesgo, por lo que cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo. Reconoció la apertura de escuchar las voces sociales y empresariales, pero advirtió que eso no fue suficiente, porque se corre el riesgo de dejar sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que han utilizado este instrumento jurídico para defender desde causas sociales, ambientales y hasta de salud pública.
Dijo que con la reforma, quien busque detener una norma inconstitucional antes de que le cause un daño irreparable ya no podría hacerlo si no demuestra ese interés inmediato. Además, criticó la suspensión del acto reclamado, ya que en él observa rigidez que debilita la eficacia del amparo en temas como bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios. De prosperar, las restricciones impuestas impedirán a empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio, lo que afectaría a los negocios con cierres o pérdida de empleos.
En el caso de las sanciones a las autoridades, señaló que la legislación es permisiva, ya que bastará con alegar que no hay presupuesto para incumplir una resolución, lo que dejará a las víctimas sin una solución a las afectaciones.
Finalmente, consideró como grave el artículo incorporado que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite. Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos.
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