São Paulo.- Ambientalistas brasileños celebraron este martes la restitución judicial de la moratoria sobre la soja de la Amazonía, un acuerdo clave para frenar la deforestación, después de que la semana pasada fuera suspendida de forma temporal por el organismo antimonopolio del país suramericano.
ONG como Greenpeace o WWF aplaudieron la decisión de una juez en la noche del lunes de restablecer la moratoria hasta que el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) emita una resolución definitiva sobre la investigación que realiza por supuestas prácticas anticompetitivas.
El tribunal aceptó el pedido de la Asociación Brasileña de las Industrias de Óleos Vegetales, que reúne a las empresas comercializadoras que forman parte de este acuerdo voluntario que prohíbe la compra de soja cultivada en áreas deforestadas de la Amazonía a partir de 2008.
“La decisión vuelve a colocar la cuestión de la moratoria en los parámetros del sentido común, de la ley y de los mejores intereses de Brasil”, destacó en declaraciones a la prensa el director ejecutivo de WWF Brasil, Mauricio Voivodic.
Lisandro de Souza, gerente de proyectos de Imaflora, una ONG que promueve la agropecuaria sustentable, afirmó en declaraciones a EFE que la resolución judicial es “importante” para que las empresas continúen comprometidas con los objetivos del acuerdo.
“No está justificado suspender la moratoria mientras el proceso todavía está en discusión” en el Cade, resaltó.
Las ONG apuntaron a los beneficios generados por el acuerdo desde su firma en 2006 y alertaron de que su fin amenazaría con provocar un aumento de la tala en el mayor bosque tropical del planeta.
Según datos de WWF, solo el 0,88 % de la deforestación en la Amazonía se ha atribuido a la soja desde el inicio de la moratoria, mientras que el área plantada se ha expandido en 1,64 millones de hectáreas en el mismo tiempo.
Además, Voivodic apuntó que el fin del acuerdo también colocaría “en riesgo” la reputación y la competitividad de las empresas brasileñas que exportan este producto a mercados internacionales cada vez más preocupados con el impacto medioambiental.
Pese a la decisión judicial, el proceso administrativo en el Cade sigue su curso y aún cabe la posibilidad de que la moratoria sea cancelada.
Por otro lado, varios estados agrícolas del país han aprobado en los últimos años leyes que retiran los incentivos fiscales a las empresas que participan en la moratoria, otra medida de presión que ha sido llevada a los tribunales.
“Hay varias estrategias del sector más retrógrado de la agropecuaria para tratar de acabar con la moratoria”, dijo De Souza.
EFE
SC/LP
