Los Ángeles (EE.UU.).- La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, firmó este viernes una orden ejecutiva destinada a proteger las comunidades inmigrantes, tras las redadas migratorias que han azotado la ciudad desde hace más de un mes y a las que describió como “ilegales y caóticas”.
La directiva refuerza los protocolos municipales que prohíben el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley migratoria, amplía el acceso a recursos para las familias afectadas, establece un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y solicita registros de agencias federales sobre redadas ilegales.
Bass afirmó que la orden “es necesaria” para ayudar a la ciudad y sus habitantes a enfrentar la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump.
“Ante las señales de la Administración Trump de que intensificará su enfoque caótico, me aseguro de desplegar todos los recursos y herramientas disponibles en la ciudad para asegurar el apoyo a las comunidades inmigrantes”, declaró la alcaldesa.
La demócrata explicó que el Ayuntamiento continuará buscando recursos legales en los tribunales para contrarrestar operativos violentos con agentes enmascarados, tras referirse al despliegue militar ocurrido el lunes en el icónico Parque MacArthur, corazón de la comunidad centroamericana, que no contó con el permiso de la ciudad.
Aseguró que el operativo, que incluyó un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobrevolando la zona, mientras que en tierra los agentes se movilizaban en vehículos blindados y a caballo, se hizo con el único fin de “atemorizar” a los angelinos.
“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y caóticas y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, advirtió Bass.
A inicios de semana la alcaldesa de Los Ángeles anunció que la ciudad presentó una moción para unirse a una demanda presentada contra el Ejecutivo estadounidense la semana pasada, alegando que las redadas ocurridas en Los Ángeles y sus alrededores son inconstitucionales y están basadas en el perfil racial.
EFE
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