Gerardo Cedillo Hurtado, reportero
México.- Con 77 votos a favor y 30 en contra, el pleno del Senado aprobó el dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum que plantea una reestructura profunda del marco regulatorio del sector y un mayor acceso a los servicios de telefonía, internet, y radiodifusión.
Entre los cambios más significativos se encuentra la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá sus funciones como nueva autoridad rectora del sector.
Uno de los puntos más destacados del dictamen es la eliminación del polémico artículo 109, que abría la puerta al bloqueo temporal de plataformas digitales.
Suprimir esa disposición atiende preocupaciones sobre posibles actos de censura y garantiza la libertad digital.
En su lugar, se mantiene el artículo 209, fracción IX, que faculta a la Secretaría de Gobernación a suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad proveniente de gobiernos extranjeros, salvo en contenidos de carácter cultural, turístico o deportivo.
Como parte de la nueva estructura institucional, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con autonomía técnica y operativa, con funciones reguladoras, promotoras y de aprovechamiento, con base en criterios técnicos y pluralidad institucional.
Esta comisión estará integrada por cinco comisionados propuestos por la presidenta de la República y ratificados por el Senado.
Las bancas fijaron postura.
El senador de Morena, Javier Corral, destacó que el dictamen eliminó cualquier disposición que pudiera interpretarse como censura previa, directa o indirecta.
Sin embargo, la oposición en voz de Alejandro Moreno, presidente del PRI, arremetió contra la mayoría oficialista al acusarla de actuar como “lacayos, esbirros y esquiroles” del régimen. Señaló que, a diferencia de su bancada, que actúa con libertad, los legisladores oficialistas siguen órdenes sin cuestionar.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, también arremetió contra la aprobación de la ley, al calificarla como una muestra de “vena autoritaria” por parte del oficialismo, que privilegió el control político por encima de los derechos fundamentales.
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, destacó la importancia de las modificaciones aprobadas en el dictamen.
Reconoció que, a diferencia de ocasiones anteriores, en esta ocasión la mayoría legislativa rectificó algunos puntos que preocupaban a su partido, uno de ellos, el exceso de facultades que se le daban a la ATDT.
Esta reforma deriva de la modificación constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024, que ordena la extinción del IFT y transfiere sus atribuciones al Ejecutivo Federal.
La ATDT tendrá a su cargo la formulación, aplicación y supervisión de políticas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, uso del espectro radioeléctrico y acceso a infraestructura tecnológica.
Entre los objetivos de la nueva ley también se incluye la digitalización y simplificación de trámites, así como la incorporación de mecanismos innovadores como esquemas de uso compartido del espectro, entornos de prueba (sandboxes regulatorios) y redes inteligentes, con el fin de impulsar la adopción de tecnologías emergentes y ampliar la conectividad, especialmente en regiones marginadas.
Asimismo, se redefine el régimen de concesiones y registros diferenciados para usos comercial, social, privado y público. Se otorga impulso a las concesiones comunitarias e indígenas, y se refuerza el papel del radioaficionado como actor estratégico en situaciones de emergencia.
Otro aspecto relevante es la incorporación de un marco específico para la comunicación satelital, que incluye regulaciones sobre el uso de recursos orbitales y el manejo de desechos espaciales.
La iniciativa reconoce la conectividad como un derecho habilitador de otros derechos fundamentales y busca cerrar la brecha digital al establecer las telecomunicaciones como un servicio público universal, con acceso equitativo a internet de banda ancha.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación.
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