Natalia Estrada García, reportero
México.- La Red de Acción sobre Alcohol (RASA) hizo un llamado al gobierno federal, al Secretario de Salud, David Kershenobich, y al Comisionado Nacional para la Salud Mental y Adicciones, Francisco Gutiérrez, para que se impulse una ley nacional que regule de manera integral el control de alcohol en México ya que su consumo así como el de otras drogas sigue siendo una de las principales causas y consecuencia de la violencia en México.
En conferencia de prensa, Luis Alonso, Robledo vocero de la Red de Acción sobre Alcohol señaló que de acuerdo al estudio “La relación del alcohol y la violencia en México: Testimonios de profesionales de la salud”, documenta cómo la violencia está presente en gran parte de las personas que buscan atención médica por razones de seguridad personal, salud mental o problemas de consumo.
Detalló que el estudio recabó los testimonios de 12 especialistas en salud y entre los hallazgos destaca que las formas de violencia más reportadas son la psicológica y emocional.
La mayoría de los especialistas coincidió en que el consumo de alcohol es la sustancia más involucrada en estos contextos de violencia, una conclusión que coincide con otros estudios nacionales e internacionales.
En su oportunidad, Iptisam Nuyud, consultora especialista en adicciones recordó que en los estados con mayor consumo de alcohol también reportar un 30 por ciento más de homicidios en el país.
Respecto al perfil de las personas agresoras, aunque no existe un patrón único, se identificaron características recurrentes: hombres de entre 23 y 40 años, con bajo nivel educativo y consumidores frecuentes de alcohol u otras drogas.
Además, se estima que los costos directos e indirectos por consumo de alcohol en el país ascienden a 552 mil millones de pesos anuales, una situación agravada por factores estructurales como la pobreza, la desigualdad y los determinantes comerciales de la salud.
En ese sentido, los expertos consultados en el estudio sugirieron varias estrategias de política pública para reducir la violencia asociada al consumo de alcohol entre ellas, regular la disponibilidad de alcohol, limitando horarios y ubicaciones de venta, prohibiendo su publicidad, aumentando impuestos y elevando la edad mínima legal de consumo a 21 años.
También se pronunciaron por prevenir la violencia y el consumo de sustancias desde las escuelas, mediante programas institucionales y redes de atención con presupuesto y personal especializado, dar atención a la salud mental, ofrecer tratamiento especializado a personas agresoras y regular el contenido en redes sociales.
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