Ernesto Gloria Chong, reportero
México.- Diversas organizaciones del sector privado entre ellas la COPARMEX, La CANACO y la AMIB, reprobaron el intento de despojar de su patrimonio a los trabajadores, ante las reformas planteadas que buscarían regularizar viviendas que fueron invadidas, mediante esquemas de financiamiento, ya que se amenaza a la propiedad privada y los ahorros de los trabajadores, Juan José Sierra, presidente del organismo patronal dijo que la función con la que se creó el Infonavit es distinta a lo que se busca concretar.
“El Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen ni transferirla a terceros sin vulnerar derechos de propiedad, promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda. Las organizaciones empresariales firmantes expresamos nuestra firme oposición a la propuesta, anunciada por el director del Infonavit, sobre la regularización de viviendas, invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra a precios subsidiados. El Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares, convertir en beneficiarios a quien San han tomado inmuebles, que no les pertenecen”.
Dijo que de prosperar la medida, se contradice el mandato del instituto y además amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de los trabajadores, dijo que de las 168 mil viviendas censadas hasta ahora, el 86 por ciento de éstas están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el instituto ni con los legítimos propietarios, pretender que éstos las adquieran por un valor por debajo del real, sentaría un grave precedente, por lo que demandó certeza jurídica para los trabajadores y para el propio instituto, que señaló enfrenta problemas de morosidad elevados.
“La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el Marco constitucional. Desde el 2015 el Infonavit enfrenta una crisis de gestión, el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024 y si consideramos los créditos segregados el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32%, es decir uno de cada tres financiamientos otorgados, presenta incumplimiento de pago, en lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto”.
Sierra Álvarez, recordó que las viviendas no son propiedad del instituto, sino que son parte del patrimonio de los trabajadores y sus familias, aunque todavía los adeuden, sentenció que esta medida representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica del país.
Entre las organizaciones que también se pronunciaron de manera conjunta contra esta medida, se encuentran el COMCE, la CANACO CDMX y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, así como el Consejo Nacional Empresarial Turístico.
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