Sergio Perdomo, reportero
México.- Ante el reto que representó organizar la elección judicial, y una reforma cuestionada, este proceso electoral, no debe ser un precedente para futuras elecciones. Así lo destacó en su intervención en el Consejo General del INE, Martín Faz Mora.
Además subrayó, que debe señalarse también que la falta de presupuesto impuesta al INE tuvo consecuencias en el ejercicio de derechos humanos fundamentales, particularmente el derecho al voto. Los avances que se han tenido para el voto de las personas en prisión preventiva, residentes en el extranjero y para el ejercicio del voto de personas con discapacidad tuvieron que ser eliminados en este proceso electoral.
El consejero Martín Faz, enfatizó, que además, no se aplicaron de manera efectiva medidas afirmativas para garantizar el acceso a candidaturas de grupos históricamente discriminados, como personas con discapacidad, de la diversidad sexual, también afrodescendientes, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, a pesar de que estas acciones afirmativas forman parte del marco normativo vigente, su implementación fue limitada, fragmentada y, en muchos casos, meramente simbólica. Esto demuestra que la inclusión no puede quedar sujeta a la voluntad política o presupuestal de los órganos legislativos, sino que debe estar garantizada por ley y respaldada con recursos suficientes.
Este tipo de restricciones representan un retroceso democrático, y un incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos políticos.
“Hago votos para que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones no sólo del Poder Judicial, sino del modelo electoral mismo el cual ha costado décadas de construcción y esfuerzos ciudadanos. De ser así, se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema”.
El consejero Martín Faz Mora, agregó, que la forma que se ha sometido al sistema y al modelo electoral mexicano a una fuerte tensión institucional para “adaptar” a sus procedimientos una elección que tanto por su naturaleza, como por sus implicaciones operativas no debería implementarse siguiendo el modelo electoral que aplica para la elección de representantes populares en sus distintos cargos y niveles de gobierno, ello sin entrar al asunto de fondo respecto de si este procedimiento es el adecuado para la integración del Poder Judicial.
A lo anterior deben añadirse dos serios obstáculos que han afectado transversalmente este proceso electoral. El primero una temporalidad sumamente reducida entre la aprobación de la reforma y su implementación, agravada por un par de meses de suspensiones judiciales, y el segundo un brutal recorte presupuestal del 33% global, pero del 54% respecto de los recursos requeridos, de tal forma que de 13 mil millones de pesos presupuestados para llevarlo a cabo en los términos legales establecidos, estamos dedicando una cantidad de 7 mil millones solamente, y ello debido a severas reducciones realizadas a diversas actividades sustanciales e importantes que también forman parte del mandato constitucional de este Instituto.
JJ
