Gerardo Cedillo, reportero
México.- Alejandro Murat, ex director del Infonavit, afirmó que su gestión de tres años al frente de la institución estuvo apegada a la ley y guiada por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno.
Se deslindó así, de los señalamientos que hizo Octavio Romero Oropeza, actual director del Instituto, quien denunció hace dos días actos y redes de corrupción al interior de la dependencia, en pasadas administraciones.
El ahora senador de Morena difundió un video en redes sociales para fijar su postura sobre el futuro del Infonavit, “una de las grandes instituciones de México, que tuve el honor de dirigir por tres años” pero lanzó culpas sobre su sucesor en el Infonavit, David Penchyna Grup.
“En primer lugar recordar que como director siempre trabajé apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno. Durante mi gestión el instituto logró otorgar más de un millón y medio de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones.
Fue la gestión de mi sucesor en el Instituto, David Penchyna, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5 mil millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración”, recordó.
El también ex gobernador de Oaxaca, señaló que poco antes de dejar la dirección del Infonavit, inició las gestiones para crear un programa de movilidad hipotecaria para facilitar el intercambio de vivienda ante las necesidades cada día más dinámicas de los trabajadores y sus familias.
El programa, dijo, buscaba crear el mercado secundario que hoy sigue sin atender el sector público y privado en México.
“El programa fue aprobado en su momento por los comités y el Consejo de Administración y subrayó.
No implicaba erogación o contraprestación alguna por parte del instituto, ya que el riesgo y costo eran responsabilidad de la empresa que lo desarrollaría. La siguiente administración le dio continuidad al programa, pero decidió cancelar lo más de medio año después lo cual era totalmente posible sin ninguna responsabilidad o pago por parte del Infonavit de acuerdo a los contratos firmados entre la empresa y el instituto.
“Respecto del programa línea tres este ha existido durante décadas y permite la participación del sector empresarial y del sector de los trabajadores. Su aprobación depende del consejo de administración donde el director general no tiene voto. Durante mi gestión ninguna obra realizada por ese programa tuvo denuncia.
“Y el actuar de particulares, despachos, empresas y notarios involucrados en el proceso de formalización de los créditos siempre fue auditado por las áreas del instituto durante mi gestión. Cualquier anomalía que fue detectada tuvo la sanción correspondiente”, señaló.
Por otro lado, respaldó las recientes reformas aprobadas por el Senado a la Ley de Infonavit, bajo los siguientes argumentos:
Amplían las capacidades del instituto dando una ruta a una visión con criterio humanista y social.
En el caso del gobierno corporativo mantiene su espíritu tripartita con la representación de los sectores empresarial y de los trabajadores con sus capacidades de control y vigilancia en el Consejo de Administración y comités, pero incorpora una capa más de control con la Auditoría Superior de la Federación para evitar futuras prácticas indebidas.
En el caso del financiamiento de créditos también mantiene su exitoso modelo con desarrolladores inmobiliarios para atender a derechohabientes con ingresos por arriba de los cinco salarios mínimos, pero agrega nuevas capacidades al instituto para cubrir la demanda de los derechohabientes por debajo de los cuatro salarios.
Por último define claramente la rectoría del gobierno como responsable de encaminar los trabajos en favor de los derechohabientes.
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