Natalia Estrada, reportera
México.- Ante el inicio del proceso de aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión especialistas y ministros en retiro, advirtieron que estas modificaciones traerán como consecuencia que los jueces en el país respondan al crimen organizado o a los capitales que van en contra del Estado.
Al participar en la presentación de los resultados del estudio “Cuando es peligroso impartir justicia” de México Evalúa, el ministro en retiro José Ramón Cossío apuntó que los legisladores que están a favor de la reforma no han reparado en que los juzgadores estarán en riesgo, incluso de perder la vida, pues abre la puerta para que sean blanco de amenazas y agresiones en su contra para que modifiquen sus sentencias.
“Van a exponer a los jueces en una condición de enorme peligro porque los jueces van a terminar respondiendo no a un electorado maravilloso, de un pueblo bueno, sino van a acabar respondiendo a quien financió sus campañas para darse a conocer en los procesos electorales. Cuando esos jueces no se avengan a los intereses de quien los financió o cuanto esos jueces no puedan cumplir los deseos de los financiadores, entraremos en un ciclo de violencia contra los jueces que hoy no hemos visto”, expresó.
Agregó que no se está en contra de la Cuarta Transformación, sino que se prevé un escenario adverso ya que, contrario a lo que se piensa, los principales agresores de los juzgadores, es el ciudadano común y en menor medida la delincuencia organizada.
Y es que de acuerdo a datos del estudio el 21% de las personas juzgadoras que respondieron la encuesta reportaron haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos diez años, mientras que 52% de las personas actuarias respondieron en este sentido.
Los jueces señalaron que las principales amenazas que reciben son de lesiones, homicidio, causar daño a sus familiares y actos de persecución y extorsiones.
Subrayaron que los actores de las agresiones suelen ser, en orden de frecuencia, las partes del juicio en casos no penales, la persona imputada o alguien de su entorno, personas no vinculadas a un juicio como integrantes de grupos de la delincuencia organizada o de la delincuencia común. Otro actor es el propio Estado, a través de instituciones como las fiscalías y los ejecutivos federal y local.
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