México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana, alertó a las empresas por sanciones derivadas de las reformas al Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor este año, mismas que imponen la figura de “Beneficiario Controlador”, área especializada con la que deben contar las empresas de todos los tamaños para evitar temas como: el lavado de dinero, la corrupción, el contrabando de mercancías o actividades ilícitas como la compra de facturas o la conformación de las llamadas empresas fachada . Antonio Barragán Cabral Consejero Delegado de Prevención de Lavado de Dinero de COPARMEX, advirtió que este mecanismo tiene un alto costo para las en especial para las mypimes, ya que se trata de personas físicas, con alto conocimiento jurídico, que evitarán al interior de las empresas estos flagelos, por ello, el organismo patronal, creó una serie de guías y protocolos para sus socios, para que las implementen y eviten la pérdida de su patrimonio, detalló que el incumplimiento de estos ordenamientos del SAT, puede tener altos costos,
“El incumplimiento de estas nuevas reformas que están enfocadas a regular a combatir y a prevenir el lavado de dinero en México, el financiamiento al terrorismo, el incumplirlas puede salir carísimo…ni hay distinción en la norma a todas las empresa de todos los tamaños de todos los sectores, en caso de incumplir, pueden venir multas de entre 1 millón y medio de pesos a dos millones de peos, por cada expediente que no tengamos respecto de los beneficiarios controladores que cumplan con ese rol dentro de las empresas”, dijo Barragán.
Añadió que para una microempresas será muy difícil cumplir con estas nuevas regulaciones, pero añadió que incluso teniendo estas figuras, si los expedientes están con errores o mal llenados también pueden tener sanciones.
“Si no es de millón y medio a dos millones de pesos, podría ser de entre 800 mil pesos a un millón de pesos, si es que la información que estoy obligado a conservar, pudiese al momento de presentarse ante el SAT, estar desactualizada, por una desactualización en los datos, podemos hacernos acreedores a una multa de 800 a un millón de pesos, por cada expediente de cada beneficiario controlador, persona física, que dentro de nuestra empresa, no sea correctamente identificado. Por último multas de 500 a 800 mil pesos , por datos incorrectos, inexactos, incompletos”, expresó.
Afirmó que las empresas además de todos los problemas que enfrentan derivado de la pandemia y la baja en la actividad económica, ahora deberán enfrentar estos nuevos ordenamientos de parte del SAT.
JJ
