Gerardo Cedillo, reportero
México.- Con el fin de apoyar a la economía de las familias mexicanas que hacen uso de las instituciones educativas particulares, la senadora Geovanna Bañuelos y el senador Joel Padilla propusieron reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducción de gastos de inscripción y colegiaturas en escuelas privadas.
La coordinadora y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) buscan establecer dentro de las deducciones autorizadas para las personas físicas residentes en el país, que para calcular su impuesto anual, incluyan los gastos destinados al pago de colegiaturas y cuotas de inscripción, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o concubino y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, para los distintos niveles de educación básica, media superior y superior.
Geovanna Bañuelos destacó que la deducción de impuestos sobre los gastos educativos en escuelas privadas puede promover la equidad en el acceso a la educación, por lo que se plantea que no sea aplicable a dichos gastos el límite de deducciones dictado por el último párrafo de dicho artículo.
“Si bien las escuelas públicas son la base del sistema educativo y deben ser accesibles para todos, hay circunstancias en las que las familias optan por enviar a sus hijos a escuelas privadas debido a diversas razones como la calidad educativa, la cercanía geográfica o las necesidades particulares del estudiante”, precisó la zacatecana.
En este sentido, asentó que permitir la deducción de impuestos sobre estos gastos ayuda a mitigar la carga financiera para las familias que eligen esta opción, contribuyendo así a la equidad en el acceso a la educación.
Además, destacó que la deducción de impuestos sobre estos gastos proporciona un alivio fiscal para las familias, lo que les permite destinar más recursos a otras necesidades, como vivienda, alimentación, vestido, recreación, etc.
Geovanna Bañuelos recordó que la educación es un derecho humano fundamental, y como tal, debe ser garantizada y proporcionada por el Estado de manera equitativa y accesible para todos los ciudadanos.
La líder parlamentaria resaltó que las instituciones educativas particulares están obligadas a cumplir con estándares específicos de calidad y a seguir programas educativos establecidos por las autoridades, lo que garantiza una base común de conocimientos y habilidades para todos los estudiantes.
“Las escuelas particulares, al ser gestionadas por entidades privadas, pueden tener intereses y objetivos diferentes a los de las escuelas públicas. Aunque muchas de estas instituciones ofrecen programas educativos de alta calidad y contribuyen de manera significativa al sistema educativo, su naturaleza privada puede llevar a una segmentación y fragmentación del sistema, donde las opciones educativas disponibles están determinadas por la capacidad económica de las familias”, reconoció.
No obstante, destacó que el papel de las escuelas particulares en el Sistema Educativo Nacional busca complementar y enriquecer el panorama educativo.
“Las escuelas privadas pueden coadyuvar en esta tarea, pero no deben ser vistas como sustitutos de las escuelas públicas ni como la única opción educativa disponible para las familias”, concluyó Geovanna Bañuelos.
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