Agencias
México.- Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha entablado negociaciones con la multinacional KKR, propietaria de la terminal de combustibles Servitux en Tuxpan, Veracruz, con el objetivo de adquirirla a un precio muy bajo. Esta terminal, que fue clausurada temporalmente por el gobierno mexicano en 2021 debido a deficiencias en su instalación, ahora podría pasar a manos de la empresa estatal petrolera.
La Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan (TIFT) fue creada en 2018 por la empresa Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C.V., con el fin de almacenar combustibles importados como gasolina, diésel y turbosina, con una capacidad total de 3.3 millones de barriles. Entre sus apoderados figuraban personajes polémicos como Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón, y el abogado Santiago Sepúlveda Yturbe, hijo del ex canciller Bernardo Sepúlveda Amor.
La empresa texana Monterra Energy, subsidiada por KKR y con Téllez Kuenzler como consejero, participó en la habilitación de la terminal Servitux en 2019. Sin embargo, desde su origen, este proyecto estuvo plagado de conflictos de interés y tráfico de influencias entre funcionarios y empresarios mexicanos y estadounidenses.
Las fotografías filtradas revelan graves deficiencias en la construcción de la terminal, con tanques mal instalados y nivelados, poniendo en riesgo el almacenamiento seguro de combustibles. A pesar de ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aprobó su operación y modificaciones de capacidad entre 2018 y 2019.
En mayo de 2021, tras una inspección sorpresa, la terminal fue clausurada temporalmente por la Comisión Reguladora de Energía, desatando una controversia con el gobierno de Texas y una denuncia de Monterra Energy por 667 millones de dólares. Ahora, PEMEX busca adquirir esta terminal defectuosa a través del Indaabin por 327 millones de dólares.
“Esta adquisición demuestra cómo los recursos energéticos del país han sido explotados por intereses ajenos al bienestar de los mexicanos, poniendo en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la economía y el bienestar de la población”, finalizó Mauricio Santiago Eder, presidente de Justicia Transversal Mexicana (JTM).
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