Gerardo Cedillo
México.- El pleno del Senado, aprobó con 109 votos a favor, 5 en contra y una abstención una reforma para salvaguardar los derechos laborales, rango y prestaciones de los elementos de origen Militar y Naval, así como de la Fuerza Armada Permanente que fueron asignados a la Guardia Nacional (GN).
Las y los senadores realizaron una interpretación auténtica sobre los alcances del artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, promulgado en 2019.
En el dictamen aprobado se establece que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ni la Ley de la Guardia Nacional, ni la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ni la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, prevén con total certeza los parámetros para garantizar los derechos y la seguridad laboral de los elementos de las policías Militar y Naval, así como de la Fuerza Armada Permanente asignados a la Guardia Nacional.
La interpretación asegura el respeto a los derechos laborales de estos elementos, ya que evita cualquier menoscabo durante la asignación temporal a la Guardia Nacional y fomenta un trato justo y equitativo para los elementos de las Fuerzas Armadas, porque se reconoce su contribución específica a la seguridad pública y, garantiza que no se vean afectados negativamente sus derechos por esta participación temporal.
La propuesta ofrece una transición clara y justa en la carrera profesional de estos elementos, pues se les brinda estabilidad y seguridad laboral, porque no sólo se respetan sus derechos individuales, sino que también se reconoce la importancia de su contribución a la seguridad nacional.
El dictamen establece que los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones.
José Narro, senador de Morena, fundamentó que el objetivo del dictamen es consolidar un marco legal que garantice el respeto a los derechos de las y los servidores públicos, fortaleciendo la integridad de las fuerzas de seguridad y de la Guardia Nacional, a fin de asegurar la seguridad pública en beneficio de las y los mexicanos.
Sin embargo, Claudia Ruiz Massieu, senadora sin partido, al presentar un voto particular, aseveró que este decreto de interpretación era inconstitucional, pues se pretende dar una extensión no legal a la permanencia de elementos militares en la Guardia Nacional.
Germán Martínez, senador del Grupo Plural, afirmó que con esta interpretación se está tratando de militarizar a la Guardia Nacional.
El panista Damián Zepeda, refirió que el dictamen pretende reglamentar derechos con el objeto de asegurar su ejercicio pleno, como la conservación del rango, antigüedad y prestaciones, sostuvo que reiterar no estorba y si clarifica los alcances de esta reforma constitucional.
Claudia Anaya, del PRI, consideró necesario replantear la necesidad de fortalecer a las policías locales, de origen civil, lo que invita a realizar acciones conducentes desde el Poder Legislativo. Insistió en la importancia de asegurar un mando civil para la Guardia Nacional.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que lo que se busca atender con esta interpretación es atender y dar seguridad a los integrantes de la Guardia Nacional, que son elementos temporales en la institución y que al término de su directriz regresarán a las armas militares, sin menoscabo de sus historiales.
Negó que con esto se militarice a la Guardia Nacional.
El decreto se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
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