Jorge Sánchez, reportero
México.- En un hecho sin precedentes, el enfrentamiento entre el presiente Andrés Manuel López obrador con jueces y magistrados ha envuelto a todos los integrantes el Poder Judicial de la Federación (PJF) quienes desde el pasado lunes 16 de octubre emprendieron una serie de protestas y paro de labores, por la aprobación de la reforma legislativa que elimina 13 de los 14 fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); algunos de los cuales manejan recursos para el pago de pensiones y prestaciones laborales, de los más de 50 mil empleados del PJF.
En entrevista con Enfoque Noticias, magistrados, titulares de tribunales colegiados, de circuito y juzgados, secretarios de acuerdos, proyectistas, defensores de oficio ente otros trabajadores afectados, sostuvieron y advirtieron que está en riesgo la división de poderes en México, ante “el totalitarismo” del gobierno federal.
Los trabajadores, incluyendo jueces, acusan al Gobierno de López Obrador y a sus legisladores afines de afectar sus derechos laborales con el recorte de 15 mil millones de fondos, que ahora se irán de forma directa a la Tesorería de la Federación, dejando en el desamparo a los trabajadores del sector público; quienes se han preparado para garantizar la independencia del PJF; por lo que argumentan, “se han ganado su salario y prestaciones”.
La SCJN y el CJF han argumentado que la extinción de los fideicomisos repercute “en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales”. Señalan que 6 de ellos guardan recursos para pagar prestaciones obligatorias – por ley – de sus trabajadores, incluidas pensión, apoyo para vivienda, cobertura de salud y retiro.
En contraste, el presidente López Obrador ha afirmado que la medida no afecta a los trabajadores, sino que busca quitar privilegios.
“La realidad, es que el nuevo choque entre el presidente y el Poder Judicial, al que AMLO acusa de estar plagado de corrupción y estar en contra de su proyecto político, tras invalidar algunas de sus reformas más controversiales, como la militarización de la Guardia Nacional, podrían agudizarse al grado de poner en riesgo la división de poderes”, sostiene juristas y académicos que participaron en la marcha del pasado domingo en defensa de la autonomía y contra los recortes presupuestales.
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