Ciudad de México.- En el marco de la firma de un convenio de colaboración entre el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, se destacó la reciente aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Congreso de la Unión, y en donde se subrayó la importancia de que los poderes judiciales locales del país cuenten con los recursos suficientes para la implementación de ese instrumento jurídico legislativo.
En el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados, Guerra Álvarez explicó que se trata de un convenio para desarrollar estudios y análisis de naturaleza política, económica y social que optimicen la coordinación y ejecución de las actividades jurisdiccional y legislativa, y subrayó que en ese interés ambas instancias se unen para no ser sujetos inertes del futuro, sino agentes activos de la propia evolución.
Con la presencia de magistrados y legisladores, Creel Miranda destacó la importancia de que los órganos judiciales cuenten con el presupuesto necesario para la implementación, a más tardar en 2027, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al enfatizar que política pública que no va acompañada de los recursos correspondientes “no es política y mucho menos es pública”, lo que generó aplausos en el recinto, desde el que ofreció hacer “todo lo que esté de nuestra parte” para que conjuntamente con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las autoridades federales se responda al llamado justo de las judicaturas locales de manera oportuna.
Guerra Álvarez planteó que con la colaboración entre ambas instituciones se contribuye a la vida y al debate público sobre los medios y fines de la política nacional, ya que el Legislativo eleva su voz desde la conciencia de la ciudadanía, en tanto que el Judicial desde el espíritu de las leyes.
“Y esta estructura constitucional garantiza que diversas perspectivas contribuyan a la seguridad, la libertad y la prosperidad; esta es la oportunidad de refrendar nuestra lealtad con el pueblo mexicano como legítima fuente de la soberanía nacional, sus parlamentos y sus cortes”, dijo.
Enfatizó que ambas instituciones protegen el delicado equilibrio entre poderes que, a su vez, permite “nuestra capacidad para cambiar y adaptarnos a la realidad humana siempre cambiante”.
Con la presencia del diputado Felipe Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y de la secretaria general del órgano legislativo, Graciela Báez Ricárdez, Creel Miranda consideró que es fundamental el diálogo entre las instituciones y entre los poderes, tanto en el ámbito local como en el federal, ya que se trata del mejor instrumento de la democracia.
Consideró que en un país diverso y complejo como México es fundamental encontrar la unidad, la cual se da a través del diálogo institucional, y puso como ejemplo la firma del convenio entre el PJCDMX y la Cámara de Diputados, como reflejo de la democracia y la madurez de ambas instituciones.
En su oportunidad, el diputado Macías Olvera expresó su reconocimiento al trabajo y colaboración del magistrado Guerra Álvarez para sacar adelante, juntos con senadores y diputados, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al que calificó como el “avance jurídico más importante de los últimos años”.
Abundó que se trató de un trabajo muy complejo que nació de la propuesta de magistrados integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), encabezada por Guerra Álvarez, enriquecido por la academia y especialistas, y que derivó en un instrumento jurídico legislativo que favorece a la sociedad, porque agilizará el acceso a la justicia y acabará con los procesos largos y tortuosos donde las partes acaban en mayor conflicto.
En el marco del convenio, el PJCDMX y la Cámara de Diputados intercambiarán experiencias para el mejor desempeño de las funciones entre ambas instancias, por ejemplo, en puntos específicos como la elaboración de un protocolo para el diseño e implementación de nuevas tecnologías que sirvan para sus respectivas actividades y la implementación de acciones relativas a la profesionalización y capacitación de personal designado de los entes suscriptores.
SC/
