Gerardo Cedillo, reportero
México.- Diputados y senadores se reunieron con expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil para revisar los indicadores en los que sustentarán el control que el congreso debe ejercer sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
De cara a la reunión del próximo 30 de mayo, en la que la comisión bicameral se reunirá con el gabinete de seguridad, incluidos los secretarios de la Defensa y de Marina, para revisar y evaluar el papel que han jugado las fuerzas armadas en auxilio a las policías civiles, el doctor en derecho, Alejandro Madrazo Lajous fundador del programa de política de drogas del CIDE, reprochó que este ejercicio será una simulación más, porque el congreso ha sido de “chocolate”, no escucha a los que saben y no ha hecho nada para garantizar que las fuerzas castrenses se ajusten al orden constitucional.
Fue tajante al asegurar muchos expertos acuden porque tienen la esperanza de que el congreso asuma su responsabilidad, pero lo cierto es que “nadie les cree ni a ustedes ni a la Sedena que este va a ser un mecanismo de rendición de cuentas, porque el país está sepultada bajo una militarización que no ha funcionado, y, por el contrario, ha agravado la crisis de seguridad además de las evidencias de que la fuerzas armadas están inmersas en la corrupción.
“Para exigir cuentas pero no lo hacen, entonces lo primero que quiero decir es que no nos la creemos, ni nos la vamos a creer hasta que hagan algo que se note, y no han hecho nada que se note para fiscalizar y transparentar el actuar de las fuerzas armadas que ha sido terriblemente violento y hoy tenemos indicios, terriblemente corrupto también. Y lo único que quiero decirles es que el día que se tomen en serio su labor constitucional y su papel constitucional, todos los mecanismos jurídicos, todos los indicadores, todos los mecanismos y facultades, aquí estas la bola de expertos que venimos una y otra vez a puntualizar cada cosa y que no nos hacen caso y que no sirve de mucho”.
Durante el encuentro, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez criticó la falta de criterios para definir a dónde se envían militares y marinos para reforzar la seguridad y que el uso de la fuerza armada permanente no sea excepcional, como se establece en la constitución.
“Parte del problema que ha presentado la política de seguridad es que se basa en un despliegue territorial muy uniforme en toda la República o basado en prioridades cuestionables como la contención de flujos migratorios o su despliegue en la CDMX, sin que se observe una clara priorización estratégica de aquellas regiones o entidades que lo requieren más por estar más afectadas por la violencia”.
También Samuel González, quien fuera coordinador de asesores en la extinta PGR afirmó que no habrá estrategia que alcance para contener los homicidios, si no hay una transformación y fortalecimiento de las instituciones, principalmente en los estados. Criticó que se hable de los muertos de Calderón, los muertos de EPN y ahora los muertos de esta administración, porque el gran tema es de los gobernadores.
“Por más que echemos la culpa, en ese sentido, a gobiernos, si no transformamos a las instituciones estatales no vamos a poder modificar la cifra que presentaba la secretaria Rosa Icela con una disminución del 16%, el trabajo fundamental es de los gobernadores y hacia ahí debe estar la presión”.
La reunión del gabinete de seguridad con la comisión bicameral que da seguimiento a las tareas de seguridad pública de las fuerzas armadas será a puerta cerrada, el próximo 30 de mayo, a las 10 de la mañana, en el Senado de la República.
JJ
