Fuente: Sergio Perdomo, reportero
México.- De 2001 a 2018 se deforestaron 3.8 millones de hectáreas en México, lo que equivale a la superficie del estado de Yucatán, advirtió la diputada de Morena, Flor Ivonne Morales. Por su parte, la legisladora Irma Juan Carlos manifestó que la tala ilegal se favoreció de la corrupción de gobiernos pasados.
Con 457 votos a favor, 0 en contra y 27 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal, presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de terminar con la tala ilegal, ya que tiene repercusiones como son daños al medio ambiente, degradación de hábitats, pérdida de biodiversidad e incremento de la explotación forestal realizada por la delincuencia organizada.
“Qué bueno que con este dictamen estemos haciendo un poco por lo mucho que hace este planeta por nosotros”, dijo al respecto la diputada Flor Ivonne Morales Miranda, del grupo parlamentario de Morena.
La legisladora destacó que México es el décimo país con más bosques en el mundo, no obstante, de 2001 a 2018 se deforestaron 3.8 millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie del estado de Yucatán. Además, el crimen organizado obtiene ganancias de medio millón de pesos cada mes por devastar zonas boscosas en solo una localidad del país.
Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos, de la bancada guinda, puntualizó que existe una gran diferencia entre la tala clandestina que realiza el crimen organizado y el aprovechamiento comunitario que llevan a cabo los pueblos originarios.
Manifestó que la tala ilegal se favoreció de la corrupción de gobiernos pasados que se gestó en la debilidad del Estado de derecho y la inactividad de las autoridades anteriores que, sumado a la impunidad en la materia, facilitó el saqueo de materias primas forestales del país.
Por lo anterior, ahora será sancionado el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización de las autoridades competentes, se aumentará la agravante hasta en cuatro años y la multa hasta en cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente cuando las conductas afecten un área natural protegida.
Asimismo, habrá una pena diferenciada cuando se empleen armas de fuego o cualquier método violento para obtener beneficio económico y existirán sanciones para quienes posean, adquieran, custodien o reciban madera en rollo, astillas, carbón vegetal o cualquier recurso forestal maderable.
Finalmente, Irma Juan Carlos expresó que las sanciones propuestas no se aplicarán contra quien incurra en las conductas que señala la ley siempre que éstas ocurran en favor del uso doméstico dentro de la comunidad rural, indígena o afromexicana a la que pertenezca.
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