En diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República presentó una solicitud de declaración de procedencia (desafuero) en contra de Uriel Carmona Gándara, Fiscal de Morelos, acusado de no contar con evaluaciones de control de confianza al momento de ser nombrado por el Congreso estatal, además por designar a Juan Salazar como Fiscal Anticorrupción sin que tuviera aprobados los exámenes de control de confianza.
El Congreso del Estado de Morelos promovió una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados federal, alegando que esta última violento la soberanía del Estado de Morelos al declarar que el Fiscal de Morelos como titular de un organismo constitucional autónomo no cuenta con fuero federal, contraviniendo a su juicio, el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Federal.
El viernes pasado se publicó el acuerdo mediante el cual la ministra Norma Lucía Piña Hernández admitió a trámite dicha controversia y le otorgó el carácter de tercero interesado a la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Asimismo, se informó el acuerdo mediante el cual, Piña Hernández negó al Congreso local la suspensión de los efectos y consecuencias del acto reclamado, es decir, las cosas se mantienen en el mismo estatus jurídico desde el 15 de septiembre. Sin embargo, fuentes del Congreso de Morelos aseguran que impugnarán dicha resolución y se sienten confiados de revertirla.
En enero de este año, Uriel Carmona promovió un amparo indirecto en contra de dicho procedimiento, el cual fue admitido y le fue otorgada una suspensión provisional y posteriormente una definitiva a efecto de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no resolviera en definitiva.
No obstante, el 14 de septiembre del año en curso, la Cámara de Diputados por mayoría simple, resolvió no desaforar al Fiscal estatal sino declarar que éste no tenía fuero. Desde el 15 de septiembre de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación dicha determinación, Uriel Carmona no ha sido notificado de ningún citatorio a efecto de que la FGR lo impute por la probable comisión de dichos delitos.
