México.- El gobierno federal informó que hasta el momento hay 5 personas detenidas y consignadas ante un juez penal por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 personas y 27 más resultaron heridas.
Los mandamientos judiciales se cumplimentaron por los delitos de homicidio doloso y lesiones, informó. Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
La fiscal, precisó que hasta el momento se han obtenido 6 órdenes de aprehensión, por lo que falta una por cumplimentar; tres son en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 2 contra policías de seguridad privada; y una más en contra el migrante que, supuestamente comenzó el incendio y quien ya fue dado de alta tras ser hospitalizado por las lesiones que sufrió.
La fiscal, enfatizó que la investigación se amplió a todas las áreas del Instituto Nacional de Migración para determinar las obligaciones de cada persona involucrada. Por su parte, Rosa Icela Rodríguez titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) subrayó que “se investigará a quien sea, hasta donde tope” para evitar la impunidad en caso.
La funcionaria federal, informó que se determinó revocar el contrato a empresa de seguridad privada involucrada en el incidente, así como el de sancionarla con una multa al detectarse irregularidades en su operación. “Paralelamente al proceso penal que lleva la propia FGR, sobre la probable responsabilidad de la empresa, se dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponer una multa económica”, informó Rosa Icela Rodríguez.
La empresa fue identificada como Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V, la cual está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada “en todo el territorio nacional”. Según las autoridades, los socios de esta empresa son David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet; quienes ya enfrentan un proceso administrativo en la SSPC.
Entre las irregularidades que se encontraron en la empresa fue que sólo tenía reportados 4 elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República. Rosa Icela Rodríguez, informó que por el momento, la seguridad en la estación migratoria será proporcionada por el servicio de protección federal.
Tanto la secretaria de Seguridad y la Fiscal coincidieron en señalar que las órdenes de aprehensión contra funcionarios, dependerá del análisis toda de toda la documentación que se solicitó al INM y que acreditaba la operación de las estaciones migratorias, específicamente en las que se detalla cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles. Dijo que no daría más información al respecto, ya que violaría la presunción de inocencia y podría obstaculizar la investigación.
JJ
