México.- La Confederación Patronal de la República Mexicana, rechazó la ampliación del decreto que permite la legalización de vehículos que fueron internados al país procedentes de Estados Unidos y de manera ilegal ya que en aquella nación son considerados chatarra, por diversos motivos.
El organismo cúpula del sector patronal advirtió que lejos de ayudar a las familias mexicanas de menores recursos, las expone a riesgos por las mafias dedicadas a esta comercialización de vehículos, además se ponen en riesgo los empleos que genera el sector automotriz y señala que esta medida es una político electoral de las actuales administraciones. José Medina Mora, presidente del organismo dijo que se trata de un nuevo golpe al sector automotriz nacional.
“La ordenanza convalida la ilegalidad y pone en total desventaja al mercado mexicano de autos de segunda mano, cuya vida útil, componentes y funcionamiento están certificados para evitar daños al medio ambiente, cuidar la inversión y la seguridad de los compradores…Es importante mencionar que la disposición tampoco ha contribuido a frenar el problema que representa para los mexicanos el ingreso de estas unidades al país, pues los fraudes a la población por parte de organizaciones que prometen la legalización del bien ante la obsolescencia del Registro Público Vehicular (REPUVE) para atender la demanda, se han incrementado”.
El organismo añadió que en poco más de un año a la fecha se han regularizado un millón 319 mil unidades, lo que además afecta al mercado de vehículos usados en nuestro país. Y fomenta la competencia desleal.
“El decreto opera en la opacidad, pues no existen reglas claras sobre qué pasará con los vehículos de contrabando que siguen llegando a México y que no se regularicen cuando concluyan las ampliaciones dadas a conocer, pues de acuerdo con datos recabados por el sector automotriz, aún hay más de un millón de unidades esperando ser regularizadas y las fronteras continúan abiertas.….Ante este panorama, es importante dejar claro que en México no se deben seguir privilegiando medidas que afectan el desarrollo económico y que están por encima del bienestar de las familias y de la generación de empleos”.
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