México.- Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, calificó como una aberración la solicitud de juicio político contra seis consejeros del INE que votaron por posponer el ejercicio de revocación de mandato, que promueve Mario Delgado, líder de Morena.
La panista declaró que es inentendible y una vergüenza que Morena busque la destrucción del Instituto Nacional Electoral (INE), como claro signo de volver al pasado y de darle al presidente un poder ominoso y avasallador.
“Minar al INE es empoderar al autoritarismo”, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien pugnó por la defensa de esta y de todas las instituciones del Estado mexicano.
Insistió que el INE lo que necesita son recursos, no son amenazas de juicio político ni amedrentamientos de funcionarios del gobierno federal.
Reconoció que, en la Cámara de Diputados, Morena tiene los votos asegurados para que como Cámara de Acusación proceda el juicio político.
Pero, en el Senado que se erige en Jurado de Sentencia, la mayoría legislativa no alcanza los dos tercios que establece la ley.
“No puede el gobierno, ni pueden los legisladores de Morena andar amenazando a diestra y siniestra con juicios políticos, sobre todo, a una institución que está tan prestigiada en nuestro país. (…) Entonces, que le bajen tres rayitas a su forma autoritaria de querer imponer sus decisiones. (…) Lo primero que habríamos de decirle a Mario Delgado y a todos aquellos que están amenazando es que no tienen los votos para esa aberración, porque en el Senado de la República no tienen las dos terceras partes”.
Recordó que el ejercicio de revocación de mandato obliga a instalar el mismo número de casillas de una elección federal, es decir, 161 mil casillas, capacitar a más de 480 mil funcionarios de casilla, imprimir las boletas y llevar a cabo el recuento de los votos recibidos.
Todo ello, dijo, requiere de miles de pesos que el INE no tiene ahora.
Por eso se pronunció porque se reúna con urgencia la Comisión Permanente para que convoque de inmediato a sesión de la Cámara de Diputados y ésta realice los ajustes presupuestarios necesarios para asignar los recursos necesarios para llevar a cabo la revocación de mandato.
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