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Proponen “muerte civil” para funcionarios vinculados a corrupción

Gerardo Cedillo, reportero

Foto: Archivo 

  • Ciudad de México.- El senador Zoé Robledo Aburto presentó una iniciativa de reforma para establecer la figura de “muerte civil” que se aplicaría en México para dejar sin ningún tipo de participación en procesos electorales o cargos públicos a los funcionarios o políticos vinculados a casos de corrupción.

    La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado establece que se aplicará la “muerte civil” para aquellos servidores públicos o particulares que hayan sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan, para que no puedan volver a aparecer en la vida pública.

    Se añade que el concepto de “muerte civil” fue utilizado en el Derecho de la antigua Roma, para calificar una pena que al imponerse a una persona, esta dejaba de ser considerada viva para todos los efectos jurídicos, a pesar de que permaneciera vivo en los términos biológicos, por lo cual era considerada como una ficción jurídica.

    En esta propuesta, la “muerte civil” es considerada como una pena accesoria a personas involucradas en la reincidencia en la comisión de delitos por hechos de corrupción y que de ser aprobada permitiría la inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

    Asimismo, no podrán participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.

    El senador del PRD propuso la inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida esta para ejercer los derechos políticos establecidos en el artículo 35 constitucional, es decir votar y ser votado para todos los cargos de elección popular.

    Por el mismo lapso los involucrados no podrán solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral; asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional; ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición; ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público.

     

     

     

     

     

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